Olga Sánchez Cordero destacó que se trata de un “día histórico” debido a la deuda en materia de justicia
El Senado de la República aprobó el dictamen por el que se expide la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, que regula y homologa los principios para la gestión pacífica y colaborativa de los conflictos.
El proyecto, que fue aprobado en lo general con 101 votos a favor y dos abstenciones, también reforma las leyes orgánicas del Poder Judicial de la Federación y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
La nueva ley cuenta con 144 artículos y 17 transitorios, divididos en nueve capítulos, y deriva de una reforma la Constitución Política de 2017, en la que se mandató al Congreso de la Unión a expedir una ley sobre esta materia, con excepción a la penal.
En el documento se destaca que los mecanismos de solución de controversias son cauces extra jurisdiccionales surgidos al margen del proceso y desarrollados algunas veces por órganos no vinculados al Poder Judicial y otras veces por las mismas instancias de justicia, a través de un conjunto de prácticas y técnicas dirigidas a posibilitar la solución de los conflictos al margen de los tribunales en beneficio de todas las partes implicadas; reducir el costo y la dilación con relación al proceso judicial; y prevenir los conflictos jurídicos que estarían probablemente destinados a ser llevados ante los tribunales.
Al presentar en tribuna el dictamen, la presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero subrayó que se trata de un “día histórico”, ya que el Poder Legislativo tiene la oportunidad de impulsar un nuevo ordenamiento que, enfatizó, “responderá a la deuda que tenemos con nuestro país en materia de justicia”.
La norma, explicó, está fundamentada en un procedimiento sencillo y se basa en la voluntad, la prontitud, la honestidad, la confidencialidad y en la economía, además de que privilegia la cooperación, la comprensión, la negociación, la tolerancia y el diálogo para resolver conflictos.
Asimismo, tiene por objeto lograr la armonización y la homologación de los procedimientos no jurisdiccionales y de los diferentes mecanismos que en común tienen las partes para gestionar por sí mismas la solución de sus conflictos o con el apoyo de una tercera persona ajena, denominada “facilitadora”.
“Promueve la participación de la ciudadanía en la impartición de la justicia vía extrajudicial, a través de la implementación de soluciones efectivas, confiables y contundentes a sus problemáticas, con lo que se busca que las partes sean quienes solucionen sus conflictos, sin que requieran acudir a instancias jurisdiccionales”, agregó la senadora.