Corte Suprema de Panamá declara 'inconstitucional' contrato de concesión de mina de cobre

"Acato el fallo"

"Recibo y acato la decisión de la Corte Suprema de Justicia, expresada en su fallo de hoy", escribió en la red X el presidente panameño, Laurentino Cortizo, quien fue criticado por gremios de empresarios por su "inacción" ante los bloqueos.

"Esta batalla no ha terminado, el pueblo tiene que recoger el cierre de First Quantum", señaló Saúl Méndez, secretario general del sindicato de la construcción, uno de los convocantes de las protestas, en un discurso afuera del tribunal.

Moratoria minera

El movimiento estalló el 20 de octubre cuando el Congreso aprobó el contrato firmado por el gobierno y FQM para operar por 40 años una mina de cobre a cielo abierto en el Caribe panameño.

El contrato fue rubricado en agosto por el gobierno y la compañía canadiense, después de que en 2017 la Corte Suprema declarara inconstitucional el acuerdo original de 1997.

FQM argumenta que la mina genera 50 mil empleos, aporta 5% del PIB y que el contrato incluye el pago de regalías anuales por 375 millones de dólares, diez veces más que el acuerdo inicial.

La mina produce desde 2019 unas 300 mil toneladas de concentrado de cobre anuales, que representan el 75% de las exportaciones panameñas. Tiene además unos 2 mil 500 proveedores en el país, que le venden mercancías por 900 millones de dólares al año.

Los ambientalistas afirman que la mina daña severamente el medioambiente por estar en un corredor biológico que conecta Centroamérica y México. El actor estadounidense Leonardo DiCaprio y la ambientalista sueca Greta Thunberg han hecho referencia a las protestas panameñas en sus redes sociales.

Tratando de minimizar el descontento, el Congreso aprobó el 3 de noviembre una suspensión indefinida de la concesiones para explorar y explotar minas de metal. A su vez, dejó en manos de la Corte Suprema el futuro del contrato de FQM y el gobierno.

¿Y ahora qué?

La empresa, que ha invertido en Panamá más de 10 mil millones de dólares, notificó al gobierno su "intención" de "presentar demandas arbitrales", al amparo del Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Canadá en vigor desde 2013, aunque espera que la situación se resuelva mediante diálogo.

El gobierno de Cortizo se dijo preparado "para defender los intereses nacionales" frente a un eventual arbitraje, que de perderlo implicaría una indemnización multimillonaria para las arcas públicas.

Algunos expertos creen para el gobierno es más fácil defender su postura tras el fallo, ya podrá alegar que la sentencia le llevó a romper el contrato.

"Claro que uno tiene más fortaleza con un fallo", afirmó a la AFP el abogado Ernesto Cedeño, quien presentó uno de los recursos contra el contrato.

La Cámara de Comercio llamó a aceptar el fallo y a prepararse de manera consensuada y técnica para "un cierre ordenado" de la mina.

Felipe Chapman, socio director de la firma de asesoría económica Indesa, dijo a la AFP que "si se cierra (la mina), se pierde su contribución al tamaño del PIB, que tomará algunos años recuperar, igual que los empleos y el ingreso fiscal", pero el país puede potenciar otros sectores, como el turismo.