En un comunicado se le pide a la titular de la SCJN, Norma Piña, remitir de inmediato la ponencia del Ministro Arturo Zaldivar, sobre la controversia del gobierno de Coahuila
La Consejería Jurídica de la Presidencia urgió a la titular de la Corte, Norma Piña, remitir "de inmediato" a la ponencia del Ministro Arturo Zaldívar el expediente sobre la controversia del Gobierno de Coahuila para la distribución de libros de texto gratuitos en la entidad.
En un comunicado, emitido a las 6:50 horas, la Consejería de la Presidencia afirmó que no hay justificación legal para retrasar tanto la remisión del expediente como el dictado de la sentencia, en el mismo sentido que la controversia que promovió Chihuahua."No hay alguna justificación legal para retrasar el dictado de la sentencia. Urge que ya se remita el expediente al Ministro ponente. Lo contrario obra en perjuicio de la educación de niñas, niños y adolescentes del estado de Coahuila de Zaragoza", indicó la Consejería.
"Se exhorta a la presidenta de la SCJN, Norma Piña, a que no retrase la impartición de justicia. Desde el 5 de septiembre debió ordenar la remisión del expediente sobre la controversia del Gobierno de Coahuila por la distribución de libros de texto gratuitos en la entidad".
La Consejería advirtió que, a más de 30 días, no se ha remitido el expediente a la ponencia del Ministro Zaldívar, relacionado con el recurso de reclamación (342/2023) presentado por el Ejecutivo en contra de la admisión de la controversia presentada por Coahuila.
Requirió a la Ministra Piña que, con apego al artículo 17 constitucional, ordene "de inmediato" remitir al Ministro Zaldívar dicho expediente, que le fue turnado para análisis y elaboración del proyecto de resolución."La Secretaría General de Acuerdos, que depende directamente de la presidenta de la SCJN, no ha remitido el expediente respectivo, lo que constituye una dilación injustificada en la impartición de justicia", apuntó.
"Que trasciende en perjuicio de niñas, niños y adolescentes del Estado de Coahuila de Zaragoza, quienes a la fecha no cuentan con los libros de texto gratuitos autorizados por la Secretaría de Educación Pública (SEP), necesarios en su formación académica, sin ponderar las consecuencias negativas en las actividades de los escolares de educación básica en la entidad".