En México hay dos formas de prisión preventiva: la que se declara de oficio y la justificada.
Un grupo de expertos de la ONU manifestó su preocupación por los altos registros de detenciones preventivas prolongadas en México y alertó que esa situación alcanzó a los migrantes y ocasionó que durante el primer semestre de este año se detuviera a más de 240 mil extranjeros.
Así lo planteó el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria al final de una visita de 11 días que realizó a México por invitación del gobierno mexicano para evaluar las políticas y situación de los detenidos en los centros de reclusión. No hacían un estudio in situ desde 2002 cuando visitaron por primera vez el país.
“Es preocupante que la detención preventiva, excesivamente prolongada, es común entre todas las personas detenidas”, afirmó el grupo en un informe que ofrecieron el viernes al final de su visita.
Reiteraron los cuestionamientos de Naciones Unidas a la prisión preventiva oficiosa que se aplica en México, que también fue objetada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuando instó a las autoridades mexicanas a ajustar sus leyes en esa materia para cumplir con los estándares internacionales.
En México hay dos formas de prisión preventiva: la que se declara de oficio con algunos delitos de forma obligatoria o automática y la justificada, que se da cuando el fiscal la solicita al juez por considerar que un detenido es peligroso para la sociedad o podría evadirse de la justicia.
En sus observaciones preliminares el grupo, integrado por tres especialistas, señaló que para 2022 había 90 mil personas en detención preventiva, de las cuales cerca de la mitad estaban bajo detención preventiva oficiosa. Los expertos mencionaron que encontraron algunos detenidos sometidos a prisión preventiva oficiosa “a más de 5 años desde su detención”.
La decisión del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, de ampliar a 16 la lista de delitos que permiten la prisión preventiva de oficio, que incluyó los casos de abuso de autoridad, corrupción y delitos electorales, alentó la polémica contra la normativa.
El año pasado la Suprema Corte de Justicia de México declaró inconstitucional la prisión preventiva oficiosa para los delitos de contrabando y defraudación fiscal, decisión que fue duramente criticada por López Obrador. Señaló a los ministros de proteger a la “delincuencia de cuello blanco”.