En el primer cuatrimestre del año, y tras la demanda de nuestro país contra armerías estadounidenses, se confiscaron 77 mil 945 armas y municiones, reveló el FBI.
El llamado río de hierro, como se le conoce al caudal de armas ilegales que fluye de Estados Unidos hacia México para abastecer el mercado negro y principalmente a grupos del crimen organizado, enfrentó obstáculos en el primer cuatrimestre del año, toda vez que el decomiso de armamento y municiones incrementó 93%.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) reportó la incautación de 77 mil 945 piezas a contrabandistas de enero a abril del presente año, un número mayor respecto a las 40 mil 271 confiscadas en el mismo periodo de 2021.
El incremento ocurre a 21 meses (agosto de 2021) de que el gobierno mexicano interpuso la primera demanda en contra de las 11 principales empresas de la industria armamentista, acción que tendrá un nuevo episodio el próximo 24 de julio, cuando se realizará una audiencia de apelación en Boston. Esto después de que, en septiembre pasado, el recurso fuera desestimado aludiendo la protección al comercio lícito, prevista en la Ley de Armas de EU.
Para Jonathan Lowy, uno de los asesores legales que ha acompañado al gobierno mexicano en la batalla librada en tribunales estadounidenses en contra de la industria armamentista, la demanda y la atención internacional que esta ha generado pueden estar detrás del aumento de incautaciones fronterizas de armamento.
“Parece muy probable que las acciones del Gobierno de México, al presentar una demanda y enfatizar el daño causado por las armas estadounidenses, hayan tenido un enorme impacto positivo en el aumento de las medidas antitráfico de los Estados Unidos”, explicó desde Washington en una entrevista.
Respecto al aumento de decomisos por parte de CBP y la mayor vigilancia fronteriza que la administración de Joe Biden ha desplegado para combatir el tráfico ilícito de armas a México, Lowy dijo, vía electrónica, que mucho tiene que ver el mensaje dado por el gobierno mexicano a través de la demanda, que acusa a las principales armerías por comercio negligente y su consecuente responsabilidad en el tráfico ilícito de estas.