Los datos de prueba ofrecidos por la Fiscalía Anticorrupción demostraron que los exfuncionarios dejaron de cumplir con el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda, al no haber evitado que se desviaran más de 30 millones de pesos
Cuernavaca, Mor.- La Fiscalía Anticorrupción obtuvo vinculación a proceso por el delito de peculado agravado contra el exsecretario de Hacienda, el exsubsecretario de Programación y Presupuesto, el extesorero y tres exdirectores generales, todos excolaboradores del exgobernador Graco Ramírez (2012-2018), por presuntamente pagar más de 30 millones de pesos a una empresa por servicios de capacitación que no se realizaron.
El fallo fue alcanzado tras cinco horas de audiencia el domingo en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, donde la Fiscalía Anticorrupción logró la vinculación a proceso contra Jorge Michel Luna, exsecretario de Hacienda; Jorge "N", exsubsecretario; Armando Sanders, extesorero, así como los exdirectores generales Carlos "N", Gerardo "N" y Salvador "N", y se concedieron tres meses para el cierre de la investigación.
Los datos de prueba ofrecidos por la Fiscalía Anticorrupción demostraron que los exfuncionarios dejaron de cumplir con el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda, al no haber evitado que se distrajeran 30 millones 801 mil pesos de la partida 4154, correspondiente al Capítulo 4000, la cual estaba destinada para ayudas sociales.
Presuntamente, entre el primero de enero de 2018 al 31 de diciembre del mismo año, cuando estaban en funciones, los exservidores públicos gestionaron, tramitaron y autorizaron 86 pagos por diversas cantidades en beneficio de la empresa Servicios en el Desarrollo Trimex S.C., pero no existe evidencia que los cursos de capacitación se hayan realizado en alguna dependencia del Gobierno del estado.
La Fiscalía Anticorrupción evidenció que los pagos fueron por montos superiores a los legalmente permitidos por la Ley de Adquisiciones y del Presupuesto de Egresos de ese año.
En marzo de 2022 se informó que Jorge Michel tiene en su contra por lo menos otras tres investigaciones abiertas por delitos de peculado, ejercicio abusivo de funciones y ejercicio ilícito del servicio público, porque durante su encargo autorizó la distracción de recursos de distintas partidas presupuestales para comprar papelería a empresas consideradas como “fantasmas”.
En algunas carpetas de investigación de la Fiscalía Anticorrupción (FA) también se involucra al extesorero estatal Armando Sanders de Mendoza, así como dos mandos medios de la Secretaría de Hacienda en el gobierno del perredista Graco Ramírez.
En ese año Michel y Sanders fueron imputados por los delitos de peculado, ejercicio abusivo de funciones y ejercicio ilícito del servicio público, ya que presuntamente pagaron 21.7 millones de pesos a la empresa Praimberg Binomio Comercial S.A. de C.V. por la compra de papelería de forma irregular, pues no existió un contrato que validara la transacción, ni evidencia de que los bienes existieron.
En otras investigaciones que tiene la FA contra Michel Luna y Sanders de Mendoza se citan ejemplos de pagos “inflados” de algunos productos, como el precio de una caja de clips de 100 piezas que en el mercado tienen un costo de hasta 90 pesos, el gobierno de Morelos pagó tres mil pesos por caja.
La FA también tiene abierta la denuncia FEE/45/2019-04 contra los servidores públicos y la empresa “Policomercial D´Prestegui S. de R.L. de C.V. a quien el propio ex secretario de Hacienda le realizó 83 liberaciones de recursos públicos, y además tomó dinero de la partida 4154, distinta a la partida 2000 dedicada a materiales y suministros.
Los cheques autorizados eran de 300 mil pesos promedio y en la investigación se observa que en septiembre de 2017 liberaron hasta nueve cheques en un solo día.
En otra carpeta de investigación la Fiscalía Especializada atribuye a Jorge Michel el delito de peculado y a sus colaboradores de ejercicio ilícito del servicio público, conforme con la carpeta de investigación FECC/51/2019-04.
En este caso la FA presume una red de complicidades en la Secretaría de Hacienda porque de noviembre de 2017 a marzo de 2018, Jorge “N” suscribió 229 solicitudes de liberación de recursos y en ese periodo sus colaboradores pagaron 188 facturas y causaron un detrimento patrimonial por 81.4 millones de pesos.