Los legisladores de la oposición respaldaron la decisión de la SCJN, mientras que el oficialismo en el Senado determinó que era "golpismo en la SCJN"
Entre acusaciones de golpismo, amenazas de juicio político contra los ministros de la SCJN y acusaciones de excesos por parte del oficialismo, quien repudió la decisión de anular la primera parte del Plan B en materia electoral y el respaldo de la oposición al máximo tribunal y lamentar el servilismo y la actitud lacaya de los legisladores de Morena y sus aliados, se debatió el tema en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Desde el arranque del debate, el presidente de la Mesa Directiva de la Permanente, Alejandro Armenta, informó que el tema de la agenda política en la sesión era “el golpismo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
La artillería del oficialismo fue variopinta, desde la defensa de la ministra Yasmín Esquivel, por parte de Gerardo Fernández Noroña, a “quien le inventaron patrañas para intentar sacarla de la Corte” o de un Ricardo Monreal, quien amagó con iniciar juicio político contra los ministros y enlistó parte de los 40 privilegios de los ministros de la SCJN, como salario, seguros médicos, primas vacaciones, pero no entró al fondo de la decisión contra el plan presidencial.
Fernández Noroña, quien en conferencia de prensa previa al debate acusó a los nueve ministros que votaron en favor de invalidar la primera parte del Plan B de obedecer órdenes y un guion golpista de la embajada de Estados Unidos en México, en tribuna advirtió que “vamos a ir por el fideicomiso” de la SCJN, “les vamos a quitar sus privilegios”.
Gerardo Peña, diputado federal del PAN, lamentó que Fernández Noroña que al oficialismo que calificó como “el partido parasitario” se atreva a acusar al gobierno de Estados Unidos de estar detrás de la decisión de la SCJN. “Los llamaría a reflexionar, a no seguirle jalando los bigotes al Tío Sam”.
Ricardo Monreal, coordinador de Morena, calificó de “casta dorada” a los ministros, por los privilegios económicos que gozan, pero declinó responder a los cuestionamientos del panista, Jorge Triana, en el sentido sí en la misma situación se encuentran la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero y las actuales Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel.
Sin embargo, fue más allá y advirtió: “El Poder Legislativo tiene facultades de control parlamentario sobre los ministros de la Corte, lo que sucede es que no las hemos ejercido”, expuso en tribuna durante el debate denominado El golpismo de la SCJN”.
“Este Senado o el Congreso nombra a los ministros de la Corte y tenemos la facultad de citarlos a comparecer y también tenemos un recurso que es el juicio político, en caso, de que se vulneren principios fundamentales de la Constitución y se reitere sistemáticamente la violación o la invasión de facultades de otros poderes”, subrayó.
Y siguió con el rosario de privilegios: “Sueldos, 300 mil pesos por mes; aguinaldo, casi 600 mil pesos; prima vacacional, casi 100 mil pesos; un fondo para comer en restaurantes de lujo, casi 80 mil pesos por mes; un comedor especial de la Suprema Corte donde pueden ordenar a la carta alimentos y bebidas alcohólicas. Escúchenlo bien, un presupuesto de 5 millones 500 mil pesos mensuales para contratar personal por mes”.
Del Grupo Plural, el ex morenista, Germán Martínez, parafraseó a Fernández Noroña y respaldó la decisión la SCJN: “Larga vida a las juezas y jueces independientes que tiene como ejemplo a Norma Piña”.
Sin embargo, advirtió que el plan B no está completamente muerto, por lo que el Grupo Plural presentará un incidente ante la SCJN porque hay un vacío legal después de la sentencia. “Hay un vacío en materia de comunicación y propaganda”.
Ante las críticas de Morena, el PT y PVEM a la Corte, apuntó: Prefiero vivir en un país de pesos y contrapesos, con equilibrios a un país de un solo hombre y voluntad, donde los serviles y los lacayos se agachan”.