La labor del INAI es “fundamental para la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, además de la protección de nuestros datos personales”
El trabajo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) incomoda al gobierno porque a través de su labor se evidencian escándalos de corrupción por desviaciones de recursos públicos, dijo la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Por lo que exhortó al Senado a que cumplan con la obligación constitucional de nombrar a los comisionados del INAI y que “demuestren, de cara a la sociedad, que no reciben instrucciones de uno de los Poderes de la Unión”.
La negativa de un grupo de senadores a hacerlo “está provocando que no se defienda la ciudadanía ante las negativas de acceso de todas estas instituciones y ese es un abuso de poder en perjuicio de todas y todos los mexicanos”.
Destacan labor del INAI
La labor del INAI es “fundamental para la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, además de la protección de nuestros datos personales”, dijo el presidente de la Confederación, José Medina Mora.
Añadió que “gracias a que el INAI garantiza nuestro derecho a saber, se ha logrado que sus resoluciones, obtener información y pruebas que sacan a la luz pública desviaciones de recursos públicos, que culminan en escándalos de corrupción desde el periodismo de investigación y eso no se puede negar que ha sucedido en todos los sexenios”.
Durante el pronunciamiento de organizaciones de la sociedad civil en la que participó Coparmex, Medina Mora afirmó: “Es un grave problema internacional que se evidencie -de manera probada y pública- la burda intencionalidad de dejar inoperante a un órgano autónomo y ello implica también violación a Tratados Internacionales.
“No podemos hablar de democracia, cuando vemos en la arena pública estas estrategias políticas para que desaparezca un órgano ciudadano que tanto trabajo nos ha costado construir desde y para la ciudadanía”, dijo.
Es a través del INAI que se obliga a las dependencias y entidades de la administración pública a revelar información que les niegan de los archivos públicos.