Ante la nueva ley antitabaco en la que se derogan las zonas en las que se puede fumar en restaurantes o bares, además de que se prohíbe su publicidad en cualquier tipo de medio o plataforma, sumado a lo establecido en 2008 en las que se obligó a que las cajetillas mostrarán imágenes de las consecuencias del consumo del tabaco, han surgido infinidad de cuestionamientos sobre esta polémica legislación principalmente entre los empresarios quienes son los más afectados.
Hugo Cantú, propietario de un restaurante bar en Piedras Negras, detalló que junto a un grupo de empresarios, presentaron un Amparo para solicitar de la justicia federal en este tema con el fin de que sus negocios no se vieran perjudicados, manifestando que respetan las leyes y la salud por lo que cuentan con equipos especiales para la filtración del aire en áreas específicas donde se pueda fumar, todo esto avalado por la CFEPRIS y la Secretaria de Salud con una supervisión continúa trabajando de una manera responsable.
El empresario indicó que tal medida ha sido adoptada por propietarios de localidades como Monterrey, Saltillo y CDMX, obteniendo resoluciones favorables, las cuales esperan sea replicada en Piedras Negras, ya que los únicos que se pide es lo mejor para sus negocios, resaltando que la operación la realizan de manera muy responsable.
La ley anti tabaco entre en vigor desde el pasado 15 de enero, el nuevo reglamento contempla la prohibición de toda forma de publicidad, promoción y patrocinio del tabaco, a través de cualquier medio de comunicación y difusión, incluida la exhibición directa e indirecta de los productos del tabaco en puntos de venta.
También se amplían los espacios cien por ciento libres de humo y emisiones en cualquier lugar de trabajo, espacios de concurrencia colectiva como plazas, parques, playas, estadios, así como en el transporte público y las escuelas en todos los niveles educativos, incluidas las universidades.
Las nuevas disposiciones del reglamento, aseguran mayor grado de protección de la salud de las personas y privilegian el interés superior de la niñez, mediante la aplicación de medidas que permiten la reducción de la demanda del tabaco y la nicotina, promueven la desnormalización del consumo y generarán grandes beneficios a la salud pública.