El anuncio de enfermedad del mandatario se da pocos días después de que empezara un proceso de recuperación por una fractura de peroné
Quito.- El presidente ecuatoriano, el conservador Guillermo Lasso, dio positivo para Covid-19, por lo que mantendrá un aislamiento médico y ejercerá sus funciones mediante teletrabajo, informó la Secretaría General de Comunicación.
"El primer mandatario goza de buen estado de salud y, según las indicaciones médicas, cumplirá cuatro días de aislamiento" por la Covid-19, agregó la fuente.
Además, informó de que Lasso "continuará desempeñando sus funciones y mantendrá actividades oficiales de forma telemática".
El anuncio de enfermedad del mandatario se da pocos días después de que empezara un proceso de recuperación por una fractura de peroné, tratada ya por especialistas.
El contagio de Lasso también se anunció en un momento delicado de su administración, pues la oposición parlamentaria busca llevarlo a un juicio político de censura, ante una trama de supuesta corrupción en empresas públicas en las que han sido señalados personas de su entorno cercano.
Opositores buscan llevar a Lasso a juicio político
La oposición ha anunciado que presentará la petición de juicio político a mediados de marzo.
Hace una semana la Asamblea Nacional (Parlamento) aprobó un informe que recomendaba realizar el juicio político a Lasso, elaborado por una comisión que investigó el presunto entramado de corrupción en empresas públicas y en el que uno de los principales implicados es su cuñado, el empresario y banquero Danilo Carrera.
También aparece en este caso el empresario Rubén Cherres, otra persona allegada al oficialismo que en 2021 fue objeto de una investigación policial por sus presuntos nexos con una red de narcotráfico, pero que fue archivada.
El Gobierno ha calificado dicho informe parlamentario como un "mamotreto" que "carece de validez jurídica" y que resulta "un verdadero atentado a la razón y al sentido común".
Para iniciar el proceso de juicio político se requiere una solicitud secundada con las firmas de 46 legisladores, para que luego pase a revisión de la Corte Constitucional, que debe evaluar si la solicitud está formal y debidamente fundamentada.