Torres Sánchez indicó que el Gobierno del Estado no tiene la intención de maltratar a toda la base trabajadora
A principios de este año el gobernador del estado de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona informó que se eliminó la prestación del Seguro Social (IMSS) a trabajadores de la administración estatal, ya que cuentan con seguro de gastos médicos mayores en hospitales privados, y esto desató la inconformidad de la burocracia y los sindicatos recurrieron a amparos, el encargado de la política interna reiteró que los trabajadores deberán definir si optan por el seguro social o servicio privado.
Ante esta situación, el secretario general de gobierno de San Luis Potosí, Guadalupe Torres Sánchez expuso que el trabajador de la administración estatal que prefiera tener el seguro médico del Instituno Mexicano del Seguro Social (IMSS) se les otorgará, sin embargo, el seguro de gastos médicos mayores privado será cancelado, ya que ningún patrón está obligado a pagar dos seguros médicos de manera simultánea.
Reconoció que existe un amparo que interpuso el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (SUTSGE) a raíz de lo cual se le concedió una suspensión provisional por parte de un juez, pero es algo transitorio que no afectará la decisión.
Añadió que se seguirá el proceso jurídico y se confirmará que la decisión que tomó el Gobierno del Estado de quitar el IMSS a los trabajadores de la administración estatal fue la adecuada y no se trató de un acto de autoridad contra ellos, sino una decisión en el marco de la relación entre empleados y patrón.
Puntualizó “algún juzgado nos puede decir, oye garantízales el IMSS, pero lo que va a suceder es que vamos a tener que cancelarles el seguro privado, pero lo que debe de quedar bien claro es que no es ningún juego ni ningún capricho, se trata de darle orden, ningún patrón en todo el país da más de un seguro médico de forma simultánea, eso no existe, solo existía en la herencia maldita”.
Por último, Torres Sánchez indicó que el Gobierno del Estado no tiene la intención de maltratar a toda la base trabajadora, pero busca un orden financiero, ya que son millones de pesos los que se destinaban en la duplicidad del servicio, dinero que se puede utilizar en otros proyectos en beneficio de la ciudadanía.