El próximo lunes, en este espacio, puede escribirse desde la fortaleza de la oposición o desde el camino a su derrota.
En Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, Tampico, Chihuahua, Puebla, Tlaxcala, Torreón, León, Mérida, Piedras Negras, Saltillo, Poza Rica, entre otras ciudades, más de 100 organizaciones han convocado a una marcha masiva que se antoja como anticipo al 2024.
El 26 de febrero, en más de 75 ciudades de México, habrá movilizaciones contra la polémica reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se discute en el Congreso.
Con esa reforma legal, se pretenden recortar 3,500 millones de pesos al Instituto Nacional Electoral (INE), eliminar facultades para sancionar partidos y funcionarios, así como desaparecer el conteo rápido que se da inmediatamente después de una elección en México.
De acuerdo con las organizaciones convocantes, los cambios son inconstitucionales y por ello están en riesgo las próximas elecciones presidenciales de junio de 2024, esto ante la reducción de personal, el padrón electoral, la certeza de los resultados de una elección y, sobre todo, que aseguran que se desmantela al INE, al reducir un 84.6 por ciento de su personal profesional.
El pasado 17 de febrero, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que esta semana que ahora iniciamos, culminará el proceso legislativo del llamado Plan B, con la aprobación del dictamen pendiente. Sin embargo, al momento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha recibido 47 acciones de inconstitucionalidad y 31 controversias constitucionales en su contra.
Siete acciones de inconstitucionalidad y 18 controversias presentadas por diputados y senadores, partidos de oposición, el INE y municipios, fueron turnadas para su análisis al ministro Alberto Pérez Dayán, quien determinará si admite, desecha o previene los recursos.
El acuerdo de la presidencia de la SCJN, encabezada por la ministra Norma Lucía Piña Hernández, publicado hace días en la lista de notificación del Máximo Tribunal, no es de admisión, sino de trámite y turno al ministro instructor.
Entre las acciones de inconstitucionalidad turnadas, se encuentran las promovidas por el PAN, PRD, MC, INE, así como por diputados y senadores que consideran que las reformas debilitan y violan la autonomía de la autoridad electoral.
La mayoría de los municipios que promovieron controversias constitucionales son de Chihuahua, Sonora, Coahuila, Durango, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Querétaro, Campeche y Yucatán, y son gobernados por el PAN, PRD, PRI y MC.
Mientras el ministro Pérez Dayán decide si admite o desecha las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales interpuestas contra la reforma, desde Palacio Nacional, López Obrador acusó que su rechazo tiene como fondo agruparse en contra de su gobierno y de su movimiento de transformación, para que regrese el régimen de corrupción, pidiendo esperar a que la Corte decida si es constitucional o no. Al margen de los análisis en la SCJN y la discusión en el Congreso, el llamado a la marcha del próximo domingo es claro, y nos dejará ver no solo el grueso opositor a la reforma del presidente, sino el mismo poder popular que aún pueda ostentar AMLO. Así, la historia rumbo a 2024 cerrará su primera batalla el 26 de febrero. ¿O usted qué opina?