La fiscalía dirigida por Saritha Komatireddy declaró que "las evidencias han probado que Genaro García Luna es inteligente, ambicioso y abusó de su poder para ayudar al Cártel de Sinaloa (…)".
En los alegatos finales, en el juicio al exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, la fiscalía dirigida por Saritha Komatireddy declaró que "las evidencias han probado que Genaro García Luna es inteligente, ambicioso y abusó de su poder para ayudar al Cártel de Sinaloa.(…)".
Remarcó que "ustedes han escuchado a varios cabecillas del cártel declarar que el acusado tomó millones de dólares en sobornos (…) Ellos buscaron a los oficiales más corruptos, los reclutaron y los incluyeron en su nómina (…) Todos han mencionado al acusado como parte de su equipo".
La fiscalía comparó al grupo narcotraficante con FedEx: "El Cártel de Sinaloa es como el FedEx de la cocaína (…) es imposible operar una multinacional de esa envergadura sin ayuda dentro del gobierno mexicano y por ello buscaron a los oficiales más corruptos (…) todos los líderes del cártel dijeron que era necesario tener respaldo en todos los niveles de autoridad, locales, estatales y federales, pero sobre todo en los niveles más altos".
Sin García Luna, Cártel de Sinaloa no habría movilizado tanta cocaína
Indicó que "sin el apoyo de Genaro García Luna habría sido prácticamente imposible que Sinaloa hubiera podido movilizar tantos cargamentos de cocaína”.
La fiscalía también subrayó que aunque muchos de los testigos son, en efecto, criminales, no se han comunicado en años y aun así, sus versiones coinciden al señalar a García Luna.
Recuerda los señalamientos sobre los pagos hechos a García Luna y su gente y añade que en sus comparecencias, agentes de la DEA han corroborado lo dicho por los testigos.
García Luna está acusado de cinco cargos: participación en empresa criminal continua; conspiración de distribución internacional de cocaína; conspiración de distribución y posesión de cocaína; conspiración para importar cocaína y falsedad en una declaración para obtener la nacionalidad estadounidense en 2018. Podría ser condenado a entre 10 años y cadena perpetua.