Pusieron en marcha la acción legal en contra de la reforma aprobada el pasado mes de diciembre de 2022.
Representantes jurídicos del gobierno municipal de Saltillo acudieron a la Ciudad de México, concretamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde presentaron una controversia constitucional contra el llamado Plan B de la Reforma Electoral.
Fueron los titulares de la Secretaría del Ayuntamiento y Dirección de Asuntos Jurídicos, quienes pusieron en marcha la acción legal en contra de la reforma aprobada el pasado mes de diciembre de 2022 y publicada en Diario Oficial de la Federación el pasado 27 de dicho mes.
Acciones. Sobre la decisión de proceder por parte del gobierno de Saltillo, Carlos Estrada Flores, Secretario del Ayuntamiento, informó que el objetivo es que se declare no válido el artículo 26 de la Ley General de Comunicación Social, que atenta contra la libertad hacendaria de los municipios y que permite ejercer la libre administración de sus recursos, además de considerar que invade su autonomía.
Precisó el funcionario que hasta antes de la reforma, la Ley General de Comunicación Social permitía la realización de campañas de salud, como la preventiva hecha desde el inicio de la contingencia por el Covid-19, además de la promoción de políticas públicas para la seguridad, o para incentivar el pago de los distintos impuestos municipales.
¿En qué consiste la reforma según Amlo? El Plan B de la Reforma Electoral tiene como objetivo garantizar el efectivo ejercicio de los derechos humanos político-electorales de la población, la eficaz ejecución y administración de los recursos de las instituciones electorales y hacer eficiente la estructura orgánica de las autoridades electorales.