El secretario del Ayuntamiento de Saltillo fue quien interpuso en la Corte Suprema del país la controversia constitucional contra la Ley General de Comunicación Social.
Saltillo, Coah. - Por considerar que atenta contra la libertad hacendaria de los municipios, el Ayuntamiento de Saltillo y, al igual que otros de Coahuila, interpuso una impugnación al denominado Plan B de la Reforma Electoral federal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La promoción, entregada directamente por el secretario del Ayuntamiento del Gobierno Municipal, Carlos Estrada Flores, tiene que ver con la Ley General de Comunicación Social pues el Ejecutivo federal propuso su reducción hasta el 99.99% tanto para las dependencias federales, como estatales, municipales y organismos públicos descentralizados y autónomos.
Derivado de ello, luego de un estudio el ayuntamiento de la capital coahuilense por medio de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Municipio puso en marcha la acción legal en contra de la reforma aprobada en diciembre del año pasado.
El objetivo de la administración de José María Fraustro Siller es que se declare no válido el Artículo 26 de la Ley General de Comunicación Social “que atenta contra la libertad hacendaria de los municipios para ejercer la libre administración de sus recursos, además de que consideramos que invade nuestra autonomía”, expresó Estrada Flores.
“Hasta antes de la reforma y basados en la Ley General de Comunicación Social era posible que cualquier ayuntamiento en el país realizará la promoción de sus políticas públicas para la seguridad, la salud, el desarrollo social, así como incentivar el pago de los diversos impuestos municipales”, declaró.
Inclusive, sostuvo, gracias a esta normativa se realizaron campañas de salud como la preventiva hecha desde el inicio de la contingencia por el Covid-19 para mantener informada a la población.
“Por ello se presentó este viernes ante la Corte esta controversia constitucional contra el Plan B de la Reforma Electoral”.
Trascendió que también el Gobierno del Estado de Coahuila, a través de la consejería jurídica, estaba por entregar en la SCJN su recurso de controversia contra la Ley de Comunicación Social pues también afecta la soberanía de la entidad, aunque la versión no fue confirmada.