El procedimiento por el que se autoliquidó la expresidenta del IEC tendría que ser denunciado y someterse a proceso ante el Órgano Interno de Control en caso de que hubiera irregularidades, además, correspondería a la actual presidencia de ese organismo fijar la postura institucional al respecto, declaró el presidente de la Junta de Gobierno del Legislativo, Eduardo Olmos Castro.
“No he estudiado a fondo el tema, creo que, si existe un procedimiento fuera de la normativa, evidentemente que tendrá que ser denunciado e investigado por el Órgano Interno de Control del organismo electoral, es decir, someterse a proceso en caso de que hubiera irregularidades”, continuó Olmos Castro. En cuanto a la falta de postura por parte de la presidencia de la institución, el diputado enfatizó que “corresponde a ellos, creo que habría de esperar a ver qué dice su propio órgano interno”.
Por su parte, la legisladora Lizbeth Ogazón Nava, del grupo parlamentario de Morena, abordó el tema del manejo administrativo que se le dio a la autoliquidación de la expresidenta y varias personas colaboradoras del Instituto Electoral de Coahuila.
“Se debió de haber ceñido a lo que la misma ley dispone”, pero si cayó en arbitrariedades “que se le sancione como la misma ley prevé. Lo que pienso es que cualquier funcionario público debe ceñirse a los lineamientos que vienen en sus reglamentos interiores o en las leyes orgánicas de cada institución”. “Para cada trabajador viene estipulado con qué beneficios, tanto económicos como laborales, van a formar parte de su separación".