Corte Suprema de Carolina del Sur anula la prohibición estatal del aborto

La corte de Carolina del Sur dictaminó que el derecho a la vida privada puede "limitarse"

Por primera vez desde el fin del derecho al aborto en Estados Unidos, el máximo tribunal de un estado del país norteamericano garantizó este jueves el derecho al aborto de sus habitantes en virtud de la constitución local, lo que sus defensores consideran una "victoria".

El más alto tribunal de Carolina del Sur anuló una ley que prohibía el aborto después de las seis semanas de embarazo. "Sostenemos que nuestro derecho constitucional estatal a la privacidad se extiende a la decisión de una mujer de abortar", decía.

Un razonamiento similar utilizó la Corte Suprema de Estados Unidos en 1973 en su sentencia Roe contra Wade para defender el derecho de las mujeres estadounidenses a abortar. 

Pero el pasado mes de junio, en un giro histórico, dictaminó que esta decisión era errónea y dio libertad a cada estado para legislar a su antojo sobre la materia.

Desde entonces, el país se ha fracturado entre los estados que han prohibido el aborto, principalmente en el sur y el centro, y los que han aumentado el acceso al aborto en su territorio, sobre todo en las costas. 

El panorama es muy cambiante, ya que cada medida está sujeta a una cascada de recursos ante los tribunales locales.

Desde junio, se han bloqueado medidas restrictivas con carácter de urgencia en varios estados a la espera de decisiones de fondo. El tribunal supremo de Carolina del Sur es el primero en emitir una sentencia definitiva.

"Esto es una victoria monumental para la protección del aborto legal en el sur", declaró Planned Parenthood, que gestiona numerosas clínicas abortistas.

Esto abre nuevas oportunidades para las mujeres de la región que no tienen acceso al aborto, especialmente en los estados de Alabama Tennessee.

Aunque no es necesariamente el final de la guerra. En su decisión, la corte de Carolina del Sur dictaminó que el derecho a la vida privada puede "limitarse" siempre que se haga de forma "razonable", lo que podría permitir a legisladores locales introducir nuevas restricciones.

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