La organización Save The Children señaló que en 2021 se cometieron en México más de 27 mil 772 delitos contra este sector.
El grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados propuso modificar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para crear una alerta de violencia.
La finalidad es implementar mecanismos de respuesta inmediata para la atención, sanción y erradicación de la violencia infantil.
De acuerdo con la organización Save The Children, en 2021 se cometieron en México más de 27 mil 772 delitos contra este sector: dos mil 450 homicidios (siete diarios), más de 107 feminicidios de niñas y adolescentes (nueve al mes) y 13 mil 758 lesiones.
Y al primer trimestre de 2022, hubo 595 homicidios y aumentaron 83.52% los reportes de violencia familiar.
La iniciativa define la alerta “como el conjunto de acciones gubernamentales coordinadas, integrales, de emergencia y temporales, realizadas entre las diversas autoridades para establecer medidas que articulen la identificación, detección, atención, prevención y reducción de los principales factores de violencia contra niñas, niños y adolescentes, para garantizar una respuesta rápida y eficaz de las diferentes autoridades del Estado”.
Sus objetivos son incorporar mecanismos de coordinación entre las autoridades federales, municipales y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, con el fin de garantizar la vida, la integridad, la libertad, la seguridad y el acceso a la justicia para las niñas, niños y adolescentes.
De igual forma, proponer acciones conjuntas para su prevención, atención y sanción. Para ello, destaca la necesidad de monitorear, identificar y advertir oportunamente los riesgos de violencia; propiciar escenarios de información pública sobre las acciones y logros frente a riesgos y situaciones relacionadas, así como unificar y coordinar estrategias con todas las entidades federativas, para lograr mayor eficacia.
La diputada Mariana Gómez del Campo señaló que la alerta se emitirá cuando exista un contexto de violencia contra niñas, niños y adolescentes, caracterizado por el incremento persistente de hechos o delitos que involucren violaciones a sus derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad en un territorio.
También cuando existan omisiones documentales y reiteradas por parte de las autoridades gubernamentales del cumplimiento de sus objetivos en materia de prevención, atención, sanción y acceso a la justicia para niñas, niños y adolescentes.
Su trámite se podrá iniciar a solicitud de organismos públicos autónomos o internacionales de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil o grupos de familiares de víctimas.
Asimismo, a partir de la identificación por parte del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y del incremento persistente de hechos o delitos que involucren violaciones de sus derechos fundamentales.