Al inicio de la audiencia se informó que Castillo, quien cumple arresto preventivo, se negó a recibir la notificación del requerimiento fiscal.
El expresidente de Perú, Pedro Castillo, ni ninguno de sus abogados se presentaron este jueves al inicio de la audiencia de revisión del pedido de prisión preventiva durante 18 meses que presentó la Fiscalía de ese país.
Al inicio de la audiencia, convocada por el juez supremo Juan Carlos Checkley, se informó que Castillo, quien cumple arresto preventivo, se negó a recibir la notificación del requerimiento fiscal.
En ese sentido, el juez Checkley informó que la defensa del exgobernante sería asumida por el abogado de oficio Italo Díaz, ya que ninguno de sus defensores acreditados se presentó a la audiencia.
Al respecto, el abogado Ronald Atencio, uno de los defensores de Castillo, informó en Twitter que ni él ni su colega Raúl Noblecilla, iban a participar en la audiencia de prisión preventiva.
"Son muchos los argumentos que, en conversación con Pedro (Castillo) nos impulsaron a tomar esa decisión", indicó antes de señalar que entre ellos figura una "vacancia (destitución) ilegal y exprés".
Agregó que el Congreso también ha realizado un "levantamiento del antejuicio", al que tiene derecho el exgobernante, "ilegal y exprés" y que la audiencia también se ha programado "para seguir manteniendo detenido a Pedro Castillo Terrones".
El abogado aseguró que el juez Checkley ha convalidado de manera "ilegal" el levantamiento del antejuicio y que hasta la fecha no se resuelven los recursos de habeas corpus "cuestionando lo anterior".
"Si bien es cierto los abogados tutelamos los derechos en los fueros judiciales, sin embargo en esta audiencia no existen mínimas garantías que eso será así. Ya verán el resultado y se darán cuenta, seremos testigos del ajusticiamiento de a ser humano", concluyó.
Detalles de la audiencia
Al inicio de la audiencia de revisión del pedido fiscal, el fiscal supremo Alcides Chinchay presentó los argumentos del pedido contra Castillo por la presunta coautoría de los delitos de conspiración para la rebelión, abuso de autoridad y perturbación a la tranquilidad pública.
El fiscal también pidió el mismo plazo de detención para el exprimer ministro y asesor jurídico de Castillo, Aníbal Torres, quien actualmente está en la clandestinidad, por la presunta comisión de rebelión en coautoría y conspiración para la rebelión.
En el caso de Torres, se presentó a la audiencia como su abogado defensor el expresidente de la Corte Suprema y el Poder Judicial, Duberlí Rodríguez.
Al justificar ante el juez el plazo que ha solicitado el Ministerio Público, el fiscal sostuvo que estiman "que esto requiere los 18 meses, para cumplir con el plazo de la investigación preparatoria, el tiempo que eventualmente dure la etapa intermedia y el juicio oral".
Según los argumentos del Ministerio Público, Castillo y Torres afrontan una posible condena que superará los 4 años mínimos para solicitar la prisión preventiva y pueden llegar a 10 años.
Entre otros argumentos, la Fiscalía también enfatizó en un eventual "peligro de fuga" de Castillo, ya que se ha informado que después de intentar dar un "autogolpe" de Estado el pasado 7 de diciembre buscó ir hacia la Embajada de México, país que ha manifestado su intención de otorgarle asilo.
El juez Checkley ordenó este miércoles que Castillo se mantenga durante 48 horas más en detención preliminar, mientras se realiza la audiencia de revisión del pedido de prisión preventiva, tras indicar que el pedido fiscal llegó a su despacho "a la medianoche".
El juez supremo también sostuvo que había notificado "de inmediato" a las partes del caso sobre el pedido fiscal y consideró que la decisión de postergar la audiencia para la mañana del jueves era "un tiempo prudencial".
Antes del inicio de la audiencia del miércoles, el abogado Atencio afirmó que la Justicia de su país está "violando todos los procesos" y que iba a conversar con Castillo para decidir los pasos a seguir, pero luego dijo que las autoridades no le permitieron el ingreso al penal con el argumento de que no había una autorización.
"Al no tener las garantías necesarias para ejercer un derecho de defensa eficaz, definitivamente no tengo nada que hacer en esta audiencia", remarcó.
Castillo también reclamó, mediante una carta publicada en Twitter, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que interceda por él, pues considera que las autoridades de su país han vuelto a "coactar" (sic) su libertad.