Desde que era aspirante a la Presidencia de la República, el morenista Andrés Manuel López Obrador ha expresado su desacuerdo con las que ahora son las anteriores administraciones federales.
Tan pronto se oficializó su triunfo en las elecciones contra el priista José Antonio Meade, el panista Ricardo Anaya Cortés y el independiente Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como “El Bronco”, el ahora jefe del Ejecutivo federal estableció como compromiso echar marcha atrás a las reformas de su antecesor, Enrique Peña Nieto, del Revolucionario Institucionales.
Conceptos como neoliberales y calificativos como entreguistas siguen siendo todavía comunes en el discurso del mandatario al referirse a reformas como la laboral, la energética y, por supuesto, “la mal llamada reforma educativa” de Peña Nieto.
En junio de 2021, cuando estaba en puerta la consulta que él mismo promovió contra los expresidentes de México, por presuntos agravios a la nación, AMLO insistió en su ya conocido discurso contra Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox Quezada, Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y, eventualmente, lo ha venido haciendo también contra los políticos que fueron parte del aparato gubernamental de sus respectivos periodos, ya sea como funcionarios de Estado o como legisladores.
Apenas durante el último día de octubre de este 2022, el presidente López Obrador acusó que exmandatarios como Zedillo Ponce de León y Calderón Hinojosa “son gente que está manchada” por las decisiones que tomaron como el llamado Fobaproa y el supuesto robo de la Presidencia en las elecciones donde el ahora morenista perdió contra el panista, esposo de Margarita Zavala.
Ya dentro de su gestión, AMLO ha cumplido, o al menos ha intentado cumplir con sus compromisos establecidos y ha buscado de diversas maneras echar abajo esa estructura que él considera neoliberal para dar paso a su autodenominada Cuarta Transformación.
En este proceso que desde Morena se define de cambio, no solo el presidente, sino también varios funcionarios o políticos guindas han puesto más de tres clavos en la cruz de quien esté en contra de los mecanismos legislativos que implique establecer la 4T.
Ejemplo de lo anterior es el reciente debate que se sostuvo por la iniciativa de reforma en materia político-electoral de López Obrador y que incluso derivó en una mediática guerra de marchas por calles de varias ciudades de México.
AMLO mantuvo su discurso habitual, pero la oposición quiso plantarle cara y en el debate del pasado miércoles por la madrugada, le costaron la mayoría calificada a la iniciativa del presidente, quien, sin embargo, ya tenía como respaldo el así llamado Plan B.
Desde la marcha de los opositores, la frase en contra de la propuesta del mandatario morenista fue que “el INE no se toca”, a lo que los correligionarios de López Obrador respondieron con un tajante “sí”, aprobando el Plan B durante la sesión del mismo miércoles por la madrugada en San Lázaro.
AMLO celebró el aval y anticipó que el camino apenas empieza, pues la oposición organizada ya adelantó que recurrirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nacional.
A la par, el presidente nuevamente se volcó contra la negativa a su propuesta inicial, lo que no resulta del todo novedoso, pero sí preocupante, especialmente porque AMLO ya se encuentra en la recta final de su mandato y sigue olvidando que, así como es válido “tocar al INE”, también puede cuestionarse a toda autoridad y es válido tocar a todo el gobierno. ¿O usted qué opina?