662 millones de pesos los destinados para las obras en “El Pinabete”
Tan solo en la primera etapa de las obras para recuperación de los mineros que murieron atrapados en “El Pinabete”, el gobierno federal ha gastado el doble de lo que en cuatro años ha canalizado a inspectores de seguridad en Coahuila, único concepto en que se identifica mínima inversión para cumplir con las “garantías de no repetición”, compromiso asumido por el presidente Andrés Manuel López Obrador ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.
Para la primera etapa del proyecto de rescate de cuerpos en “El Pinabete”, que se circunscribe a preparación del sitio y de acuerdo con conocedores mineros tiene menos de 10 por ciento de avance, la Comisión Federal de Electricidad adjudicó un contrato por 32 millones 459 mil pesos a Construcciones Transforma.
En comparación, en materia de prevención, la Secretaría del Trabajo tiene en Coahuila a 24 inspectores, de los cuales únicamente 13 están asignados a la región Carbonífera. El sueldo mensual de un inspector –de acuerdo con el tabulador 2022-- es de 14 mil 110 pesos, lo que equivaldría a 169 mil 320 pesos anuales, con lo cual en total la actual administración federal en los cuatro años transcurridos ha destinado 16 millones 254 mil pesos a ese personal.
En octubre de 2020, en San Juan de Sabinas, el presidente López Obrador se reunió con familias de los mineros muertos en Pasta de Conchos, para acordar el “plan de justicia y reparación integral” derivado de una recomendación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, el cual incluía garantías de no repetición.
Salvo las inspecciones para verificar condiciones de seguridad e higiene, no se conoce de otras medidas emprendidas por el gobierno federal, y aunque según la Secretaría del Trabajo se han realizado en la región Carbonífera 387 inspecciones en tres años, los accidentes siguen ocurriendo y costando vidas.
En agosto de este año, 10 mineros murieron al inundarse los pocitos de carbón en que laboraban en “El Pinabete”, y semanas después el presidente López Obrador ordenó a la CFE coordinar las obras para construir un tajo a cielo abierto para recuperar los cuerpos.
Para esas obras se han adjudicado dos contratos, el ya referido de 32 millones 459 mil pesos para la primera etapa; y otro por 629 millones 705 mil pesos para trabajos que se deberán realizar de noviembre de este año a agosto de 2023, este último asignado a la constructora sonorense Construplan, cercana al actual gobernador Alfonso Durazo y sin antecedentes de conocimiento minero.
Suman 662 millones de pesos los destinados para las obras en “El Pinabete” –sin considerar los recursos públicos y privados gastados en los días posteriores al accidente en las infructuosas maniobras de rescate—, monto que equivale a cuarenta veces más de lo que en cuatro años se ha pagado a los 24 inspectores de seguridad en el trabajo que se tienen en Coahuila.
No únicamente destina el gobierno más a las obras para intentar recuperar los cuerpos que a medidas de no repetición, también el monto de la inversión es quince veces mayor que lo que la Comisión Federal de Electricidad pagaría a la minera donde ocurrió el accidente, por pedidos de carbón en tres años.
En julio de este año CFE entregó a Minera El Pinabete por adjudicación directa contratos para suministro de carbón en 2022, 2023 y 2024 por un total de 34 mil 200 toneladas, lo que representa 41 millones 298 mil pesos.
En julio CFE adjudicó 41 contratos para suministro de carbón en 2022, con un monto de 765 millones de pesos. Es decir, para adquirir carbón metalúrgico para sus plantas en Nava, invierte apenas cien millones de pesos más que el costo de un tajo para recuperar los cuerpos de quienes murieron en pozos que trabajaban en condiciones irregulares.
En el caso de la mina de Pasta de Conchos, los contratos que se han adjudicado este año para intentar recuperar los restos de quienes ahí murieron hace 16 años, representan un monto de mil 472 millones de pesos.
En todos los casos, esos recursos han provenido de fondos públicos, sin que hasta el momento se haya determinado responsabilidad de las empresas o que Grupo México y los propietarios de “El Pinabete” hayan afrontado acusación penal ni civil o sufragado los costos de los rescates.