Dio la conferencia a las autoridades del estado.
La Fiscalía General del Estado, busca combatir la tortura y reconoce que es fundamental erradicar esta mala práctica, que vicia el trabajo de las instancias de seguridad encargadas de la seguridad y destruye el sustento de las investigaciones penales, atentando contra el debido proceso.
Por lo anterior el Fiscal General del Estado Dr. Gerardo Márquez Guevara participio en el marco de la conferencia: Documentación e Investigación de tortura y/o tratos crueles, inhumanos y/o degradantes, aplicación de los principios y directrices del protocolo de Estambul.
Mediante un comunicado de prensa las autoridades estatales señalaron que la tortura y las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes se encuentran estrictamente prohibidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Reglas. Dicha prohibición es absoluta e inderogable, aún en las circunstancias más difíciles, tales como guerra, amenaza de guerra, lucha contra el terrorismo y cualesquiera otros delitos, estado de sitio o de emergencia, conmoción o conflicto interior, suspensión de garantías constitucionales, inestabilidad política interna u otras emergencias o calamidades públicas.
Todo uso de la fuerza que no sea estrictamente necesario por el propio comportamiento de la persona detenida constituye un atentado a la dignidad humana; premisa que debe ser entendida por todos los agentes del orden, es decir, policías, agentes del ministerio público, peritos y demás servidores públicos que conforman las instancias de seguridad y procuración de justicia, como una verdad absoluta.
En este contexto, la obligación de garantizar los derechos humanos, no se agota con la existencia de un orden normativo dirigido a hacer posible el cumplimiento de esta obligación, sino que comporta la necesidad de una conducta gubernamental que asegure la existencia, en la realidad, de una eficaz garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos.
Una de esas condiciones para garantizar efectivamente el derecho a la vida y a la integridad personal es el cumplimiento del deber de investigar las afectaciones a los mismos. Dado lo anterior el Estado tiene el deber de iniciar ex oficio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva, que no se emprenda como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa.
Esta investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad.