El Día de Muertos tuvo un color rojo marcado en México, cuando los titulares consignaron que el mes de octubre alcanzó la cifra más alta de asesinatos de 2022 en el país, con un total de 2 mil 481, de acuerdo con datos preliminares.
Tal cifra representa un promedio de 80 casos al día, según el conteo diario del gobierno federal, a reserva del reporte detallado que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ofrece cada mes en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador.
No obstante, estas cifras ya perfilan a que octubre superó a mayo en la incidencia de este delito, que se concentra en Guanajuato, Estado de México, Baja California, Jalisco, Michoacán y Chihuahua. Así, comparado con septiembre, en el décimo mes de 2022 se incrementaron 6.5% las víctimas de homicidio doloso, pues solo el día 31 cerró con 92 muertes intencionales, la mayoría en Tamaulipas, 12; Michoacán, 9; Baja California, 8; Guanajuato, 7, y Jalisco, 6.
La última semana de octubre quedó registrada como la más violenta del año, 695 víctimas, 87 asesinatos diarios.La última semana de octubre quedó registrada como la más violenta del año, al contabilizar 695 víctimas, lo que representa un promedio de 87 asesinatos diarios.
A falta, por supuesto, del informe completo sobre la incidencia en otros delitos de alto impacto o del fuero común, y sin escribir con tinta de oposición, no es marginal señalar la preocupación sobre la estrategia lo mismo federal que local para garantizar la seguridad.
Debo puntualizar aquí que los quehaceres periodísticos de la pasada semana me llevaron a desagregar las diferentes aristas que, a mi consideración laboral y como profesionista de las ciencias sociales debe incluir tal estrategia, las cuales extiendo al diálogo.
La inhibición de cualquier delito o acción corruptiva del orden social, no puede entenderse lejos de la concepción de que la perfección es una idea supeditada a subjetividades, por lo que evitar un rompimiento en la armonía natural o de la misma sociedad debe ser una tarea conjunta.
Concibo así que, en ese sentido, las labores de entes públicos y actores civiles deben enfocarse en estas tres materias: la prevención, la disuasión y la sanción.
La primera corre sobre el conocimiento general y particular de las legislaciones existentes, conllevando a la par una socialización de las mismas por parte del aparato gubernamental, así como un entendimiento de la ciudadanía acerca de que su no obediencia deriva en una alteración del orden. Evidentemente, es imperativo garantizar el escenario para su cumplimiento, al menos con derechos y responsabilidades fundamentales.
La segunda, la disuasión, no puede darse si previamente no se ha actuado sobre la prevención, y tiene que ver meramente en el despliegue de actores vigilantes, mas no intrusivos, que velen por el respeto a los acuerdos sociales. Ejemplo de esto puede ser lo mismo un supervisor de seguridad que un tránsito vial o un policía. La autoridad pues, como inhibidora de la comisión de un delito, siendo fríos al decirlo.
Finalmente, la tercera es mero actuar del Estado y representa su capacidad de sancionar cuando la prevención y la disuasión fallaron, teniendo como objeto la no repetición del acto infraccionado.
Entiendo, por supuesto, que estos tres puntos deben desagregarse a su vez en estrategias más específicas; sin embargo, sostengo con firmeza que son la base del orden como tal. Ojalá este conjunto que somos podamos responder sobre ellos. ¿O usted qué opina?