El sistema electoral mexicano ha conseguido la confianza de los implicados y las nuevas instancias de control no ofrecen garantías, afirma.
El Consejo de Europa se muestra particularmente severo con el proyecto oficialista de reforma electoral en México por el riesgo de cuestionar un sistema que ha logrado la confianza de las diferentes partes implicadas y por que las nuevas instancias de control no ofrecen garantías.
La Comisión de Venecia, un órgano consultivo del Consejo de Europa encargado de cuestiones constitucionales, emitió ayer lunes su opinión en respuesta a una demanda del Instituto Nacional Electoral de México (INE), en la que presentó sus muy numerosas reticencias a la reforma.
“Modificar un sistema que funciona bien en general y que goza de la confianza de las diferentes partes después de varios ciclos electorales y de años de evolución democrática hace correr de forma inevitable el riesgo de que esa confianza se tambalee”, señala.
Insiste en que los cambios constitucionales que se han propuesto “no aportan suficientes garantías sobre la independencia y la imparcialidad” del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), que sustituiría al actual INE, ni de los jueces del Tribunal Electoral.
En primer lugar porque se prevé el nombramiento de los miembros de esos dos órganos por sufragio directo, cuando eso “no es, conforme con las normas internacionales y con las buenas prácticas en el terreno electoral”.
La designación de sus componentes —según la Comisión de Venecia— debería basarse en “criterios profesionales”. Además, el objetivo tiene que ser ofrecer “una representación equilibrada de todas las fuerzas políticas”, sobre la base de una igualdad estricta o proporcional.
Critica abiertamente la propuesta de centralizar la administración electoral con la puesta en marcha de órganos con personal no permanente en las entidades y a nivel local, ya que eso puede menguar la confianza de los electores en su funcionamiento.
En concreto, si se pone en marcha un sistema proporcional con 32 circunscripciones la capacidad de intervención del INEC durante el proceso de fijación de las listas por los partidos políticos sería “muy limitada” teniendo en cuenta los poderes que se le atribuirían.
Además, la supresión de órganos de gestión electoral en niveles inferiores y la creación de estructuras específicas para los diferentes comicios con personal temporal también tendrán “un impacto negativo sobre la calidad de las elecciones”.
Los expertos del Consejo de Europa avisan igualmente de que concentrar los contenciosos electorales entre las manos de un tribunal electoral nacional podría ser “problemático” dada la estructura federal del Estado mexicano.
Ese tribunal centralizado estaría sometido potencialmente a una carga de trabajo muy elevada, ya que debería asumir todas las denuncias y recursos.
En términos generales, la Comisión de Venecia pone el acento en que tendría que haber “un debate público más en profundidad” sobre el impacto potencial de las enmiendas constitucionales para modificar el sistema electoral.
Forman parte de la Comisión de Venecia no sólo los 46 países miembros del Consejo de Europa, sino también otros 15, entre los que está México, pero también Estados Unidos, Canadá, Brasil, Chile, Costa Rica, Perú, Corea del Sur, Israel, Marruecos y Túnez.