El camino para garantizar los derechos de las infancias en México todavía es largo, especialmente en materia de acceso a la educación, salud, esparcimiento, y la persistencia de trabajo infantil y otras prácticas como el matrimonio forzoso y la violencia sexual.
En el marco internacional del Día Internacional de la Niña, es fundamental insistir en la necesidad de proteger los derechos de las infancias en México y el resto del mundo. Especialmente en materia de acceso a la educación, salud, esparcimiento, y la persistencia de trabajo infantil y otras prácticas como el matrimonio forzoso y la violencia doméstica y sexual.
Acceso a la educación y salud
Uno de los derechos básicos cuyo acceso presenta grandes brechas de desigualdas es el de la educación. Las niñas, particularmente, enfrentan barreras para acceder efectivamente a este derecho básico.
En México todavía las niñas y adolescentes dejan sus estudios o registran un menor aprovechamiento académico por razones de género, como los mitos alrededor de la menstruación, los embarazos no deseados, la violencia doméstica
o por sobrecarga de tareas del hogar o de cuidados a terceros.
De acuerdo con cifras de Coneval, el 12% de las adolescentes abandonaron sus estudios porque se casaron o unieron y otro 11% porque se embarazó o tuvo un hijo.
La falta de recursos económicos es otro de los principales factores que impactan con mayor fuerza a las niñas, especialmente a quienes viven en comunidades rurales o se encuentran en barrios vulnerados por la inseguridad.
Al último corte, en México el 6.1% de las niñas de 8 a 11 años que residen en zonas rurales no saben leer ni escribir. Para las comunidades urbanas la cifra se reduce a 2.7 por ciento.
Por otro lado, el acceso al derecho fundamental a la salud tampoco es una realidad para todos los niños y niñas de este país: 3 de cada 10 personas menores de 17 años están fuera de la cobertura de servicios médicos y hospitalarios.
El total de niñas, niños y adolescentes que no tienen afiliación al INSABI, a las instituciones públicas de seguridad social o a los servicios privados incrementó de 5.6 millones en 2018 a 10.2 millones en 2020.
Trabajo infantil
Una de las violaciones más persistentes a los derechos de los menores de edad es el trabajo forzoso, que también tiene un sesgo de género, mientras que miles de niñas se encuentran trabajando en sectores económicos, también enfrentan una sobrecarga de trabajo doméstico (remunerado y no remunerado).
En México, hay 1.3 millones de niñas de entre 5 y 17 años en situación de trabajo infantil, de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) del Inegi.
La mitad de las niñas y adolescentes que se encuentran trabajando tienen como principales razones: la necesidad de un ingreso adicional en su hogar, o la necesidad de dinero para pagar su escuela y otros gastos propios.
Poco más del 50% de las niñas que están en situación de trabajo infantil, además enfrentó jornadas laborales de hasta 14 horas con una percepción de ingresos de un salario mínimo como máximo.
Las cifras muestran cómo son las niñas más vulnerables en términos socioeconómicos y geográficos las que están en primera línea de exposición al trabajo infantil, por lo que cerrar estas brechas es fundamental para erradicar con esta práctica.
Matrimonio forzado y violencia
Aunque se podría pensar que el hogar es el sitio más seguro para los menores de edad, en muchas ocasiones esto no sucede así. Millones de niños y niñas en el país enfrentan violencia emocional, física y hasta sexual dentro de sus casas, o en lugares relacionados con la familia y su círculo cercano.
Alrededor de 5 millones de menores de edad sufren abuso sexual cada año, y más de la mitad de estas agresiones se producen al interior de los hogares. Cerca del 60%, además, son violencias perpetradas por algún integrante de la familia.
Para las niñas, la vulnerabilidad es mayor. En algunas comunidades del país todavía se encuentran casos de matrimonio forzado o "intercambios" de niñas y adolescentes para el trabajo doméstico remunerado.
En México 4 de cada 100 adolescentes de entre 12 y 17 años está casada o unida. Adicionalmente, el 20% de las mujeres de 20 a 24 años reportó que tuvo su primera unión de pareja siendo todavía menor de edad, de acuerdo con cifras de Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) del Inegi.
Algunos reportajes llevados a cabo en comunidades de Chiapas y Oaxaca muestran cómo en estos sitios los padres y madres "venden" a las hijas menores de edad para que contraigan matrimonio con hombres adultos o para que otras familias las lleven a las ciudades y sean sus empleadas del hogar.
Estas, y otras violencias más, dejan a las niñas fuera de la posibilidad de vivir sus infancias y adolescencias en pleno ejercicio de sus derechos y determinan gran parte de lo que será su vida adulta.
Es necesario y urgente desarrollar políticas públicas con perspectiva interseccional que garanticen a todos los menores de edad una vida libre de violencia, disciminación y marginación.