Guerrero Gutiérrez enfrentó los últimos meses duros cuestionamientos por su labor al frente de la Fiscalía, en especial por el caso Debanhi Escobar.
El Fiscal General de Justicia de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, presentó su renuncia al puesto para el que fue designado por el Congreso el nueve de marzo de 2018, para una periodo de seis años, confirmaron fuentes de la entidad autónoma.
Guerrero Gutiérrez enfrentó los últimos meses duros cuestionamientos por su labor al frente de la Fiscalía, en especial por el caso Debanhi, una joven estudiante que desapareció el pasado nueve de abril, y que fue localizada sin vida 13 días después.
Hasta el momento no hay un solo imputado, ya que el caso fue considerado un feminicidio, por una segunda necropsia, pues inicialmente el Semefo local había establecido que se trató de una muerte accidental.
En breve se dará a conocer un comunicado oficial de la Fiscalía.
Padre de Debanhi pide cese o renuncia del Fiscal de Nuevo León
Mario Escobar Salazar, padre de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, entregó el pasado 19 de septiembre, un escrito ante el Congreso de Nuevo León para solicitar a los legisladores de todos los partidos la destitución o renuncia del fiscal General de Justicia del Estado, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, y demás funcionarios de la mencionada institución autónoma.
Asimismo, pidió que en su caso se les abra una carpeta de investigación por las omisiones, negligencias y probables delitos en los que incurrieron durante las labores de búsqueda y relacionadas con las investigaciones del caso, que pretendieron hacer pasar como accidente, cuando se demostró que se trató de un feminicidio, según dictamen externo y una segunda autopsia, solicitados por la familia de la joven universitaria.
Mario Escobar acudió a la Legislatura local a entregar ante la Oficialía de Partes una petición para que se proceda con la destitución o renuncia inmediata del Fiscal General, Gustavo Adolfo Guerrero, por todas las omisiones que ha cometido en la realización de las pruebas periciales sobre el caso Debanhi.
Asimismo, señaló que en su momento solicitará también la renuncia de Griselda Nuñez Espinosa, fiscal Especializada en Feminicidios, así como del coordinador del Servicio Médico Forense (Semefo), Eduardo Villagómez Jasso, “para que no vuelvan a pasar nunca más estas atrocidades como las que ocurrieron en el caso de Debanhi y que la ciudadanía tenga la certeza de que las cosas se deben de hacer correctamente”.
Agregó que debido a la pérdida de confianza en la Fiscalía Estatal, por la mala actuación del fiscal general y otros servidores públicos, hay muchos elementos para cesarlos de manera inmediata, sin necesidad de solicitar una comparecencia ante el pleno del Congreso, pues incurrieron en muchas negligencias, desde que dieron a conocer la muerte de Debanhi como resultado de un accidente y no como un feminicidio.
Las irregularidades en la las investigaciones se dieron asimismo desde que la golpearon afuera del motel como se muestra en los videos, y no hay personas investigadas por ese hecho; ni se ahondó en relación con la fotografía que le tomaron frente a la empresa transportista Alcosa (la cual se viralizó), ni se sabe de los nueve minutos que faltaron del video cuando su hija se acercó a dicha compañía, ni se sabe de lo encontrado en las cámaras de la empresa Oruga.
Tampoco se sabe, agregó Don Mario, lo que pasó dentro del motel Nueva Castilla, pues sólo se observa cuando entró (el nueve de abril), pero no que haya salido, ni qué pasó en esos días que estuvo “desaparecida”, pues fue localizada sin vida el 21 de ese mes, pero según la segunda necropsia, habría muerto de tres a cinco días antes de que fuera localizado su cuerpo.
Además, dijo Escobar Bazaldúa, hubo tardanza en las alertas para que se procediera a la búsqueda. “Nosotros seguimos todos los protocolos, de ir al Cedeco (Centro de Desarrollo de la Comunidad) en San Nicolás, al MP ir a la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), al Grupo Especial de Búsqueda Inmediata (GEBI), pero ellos no hicieron el trabajo como debían, no obstante que el gobierno estatal puso a disposición del Grupo Especializado en casos de Desapariciones a 200 policías estatales.