Diputados locales del PAN en el Congreso de la Ciudad de México alistan una denuncia penal contra el presidente de la Mesa Directiva, Héctor Díaz-Polanco, por haber incumplido, con "chicanadas" legislativas, la sentencia del Tribunal Electoral local (TECM) que los obligaba a entregarles más recursos al Instituto Electoral capitalino (IECM) a más tardar el 7 de julio.
El legislador Federico Döring detalló que irán a la Fiscalía Especializada contra servidores públicos de la Fiscalía capitalina para presentar esta querella, pues recordó que además el legislador de Morena no ha tenido un buen desempeño como presidente del Congreso.
"Nosotros tenemos la enorme ventaja de que Héctor Díaz-Polanco no goza de fuero, ha violado varios artículos y habremos de presentar la denuncia para que responda ante la justicia por la obstrucción en la impartición de justicia y el sabotaje a la sentencia, porque ha quedado claro que ls suspensión ‘chaira y carnal’ no es el Congreso, es al Tribunal. El Congreso sigue estando en posibilidad de actuar", expuso.
Asimismo, dijo, analizan si esta denuncia también sería contra la presidenta de la Comisión de Presupuesto, Valentina Batres, "pues no se puede entender el sabotaje a la sentencia sin la mancuerna Batres-Díaz Polanco".
En este sentido, el legislador Diego Garrido coincidió en que los dos diputados de Morena antes expuestos están incumpliendo la sentencia del TECM, por lo tanto son sujetos de sanción como amonestación pública, arresto o multa.
De igual forma, apuntó que la jefa de gobierno y la Secretaría de Finanzas también están incumpliendo la sentencia, por lo que también son sujetos de las mismas sanciones.
"Pedimos a la Sala Constitucional que revoque la supuesta suspensión que otorgó, porque no tiene facultades y según sus propios precedentes: en materia electoral no existe la suspensión.
"Asimismo, advertimos que el gobierno quiere utilizar a la Sala Constitucional como brazo político, lo que es muy grave", sostuvo.
Cabe recordar que el el Poder Legislativo local obtuvo una suspensión temporal de sentencia por parte de una magistrada del Poder Judicial de la Ciudad de México para no acatar este fallo hasta que se resuelva de fondo una controversia constitucional interpuesta por Díaz-Polanco en la Sala Constitucional local.