Abdo Benítez admite como deuda por saldar retorno de secuestrados por el EPP

Abdo Benítez anunció en su cuarto informe al Legislativo que están "reforzando la cruzada nacional" para el retorno de esos secuestrados".

Asunción,.- El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, reconoció este viernes como una "angustiosa deuda por saldar" la liberación de tres secuestrados por la guerrilla del EPP, entre ellos el exvicepresidente Óscar Denis.

En su informe anual de gestión ante el Congreso, que presentó de forma virtual, Benítez aludió a Denis, secuestrado en 2020; al policía Edelio Morínigo, en cautiverio desde 2014; y el ganadero Félix Urbieta, retenido en 2016.

"No olvidemos, como garantes de la ley que de alguna forma somos todos los funcionarios, que tenemos una angustiosa deuda por saldar: Edelio Morínigo, Félix Urbieta y Óscar Denis siguen permaneciendo lejos de sus familias, a causa de motivaciones criminales", afirmó el gobernante.

Sin hacer mención a la autodenominada guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), Abdo Benítez anunció en su cuarto informe al Legislativo que están "reforzando la cruzada nacional" para el retorno de esos secuestrados.

Además, aseguró que buscarán "impedir, en el futuro, que otros paraguayos sean arrebatados de los suyos".

El pasado 2 de mayo, la familia de Denis denunció que cumplen "600 días en el olvido", cuando el exfuncionario completó 600 días privado de su libertad.

Denis, de 76 años, fue secuestrado en su estancia en el departamento de Concepción (noreste) el 9 de septiembre de 2020.

Lo mismo ocurrió con Urbieta, quien el 12 de octubre de 2016, fue sacado a la fuerza de su finca en ese mismo departamento.

También en Concepción fue secuestrado Morínigo, el 5 julio de 2014, cuando cazaba junto a familiares y amigos en una zona boscosa cercana a una finca.

El EPP fue fundado en 2008, según los analistas, bajo postulados marxistas y siguiendo el modelo de la extinta guerrilla de las FARC en Colombia.

A este grupo, conformado por unos 30 integrantes, se le atribuyen una cincuentena de muertes, además de secuestros económicos, quema de haciendas agropecuarias, maquinaria y extorsiones.

Para combatir esta guerrilla se puso en marcha en 2013 la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), un grupo mixto de policías y militares. 

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