La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó sobre el caso de una mujer de 37 años de edad quien se encuentra presa en el Centro Penitenciario Femenil de Tanivet, Tlacolula, acusada del delito de aborto y otros, misma que aún está bajo proceso.
La joven está privada de su libertad desde el 2018, año en que fue recluida en el penal femenil de Tanivet y está disposición del Juzgado de Control del Circuito de la Sierra Sur, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, de acuerdo con la Dirección General de Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO).
Adicionalmente, la Fiscalía General de Oaxaca (FGEO) mantiene abiertas seis carpetas de investigación contra mujeres por el delito de aborto.
La CNDH detalló que con datos de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) en 27 estados del país existen 432 carpetas de investigación abiertas por el delito de aborto.
Destaca el Estado de México, con 93 casos, Nuevo León 67 y la Ciudad de México 52 casos. Estas tres entidades concentran el 49 por ciento de las carpetas abiertas en los primeros siete meses de este año.
En este listado le siguen Tamaulipas con 28 casos, Querétaro 22, Baja California y Guanajuato 18 casos cada uno. También se ubicaron los estados de Hidalgo con 15, Veracruz 14 y Michoacán 13.
Además de Aguascalientes y Sonora con 10 casos cada uno, Baja California Sur y Morelos con siete casos cada uno; Chiapas, Jalisco, Oaxaca y San Luis Potosí con seis casos cada uno; Zacatecas cinco casos, Coahuila, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa y Tabasco con cuatro casos cada uno; así como Chihuahua, Guerrero y Nayarit con tres casos cada entidad.
A través de un pronunciamiento, la CNDH señaló que el Estado está obligado a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres principalmente tratándose a su derecho a elegir respecto de su cuerpo, de sus derechos sexuales y reproductivos, y a que no se les criminalice respecto de su derecho a interrumpir su embarazo.
No cumplir con esa obligación, dijo, constituye violaciones a sus derechos humanos y trastoca su dignidad, su proyecto de vida, su autonomía, su libre desarrollo de la personalidad al anular su derecho a decidir y a su derecho a vivir una vida libre de violencia.
También denunció que es sumamente preocupante que, con motivo de las legislaciones locales en facto regresivas, mujeres se encuentren posiblemente enfrentando procesos o sentencias en centros penitenciarios del país, mayormente en aquellos estados donde se conjuntan contextos arraigados de pobreza, marginación, falta de acceso a servicios médicos, a información sobre sus derechos sexuales y reproductivos, a una cultura patriarcal y/o religiosa.
Por ello, afirmó que surge la necesidad imperante de enfatizar y hacer visible la trascendencia del fallo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), las manifestaciones realizadas por el Presidente de ese Alto Tribunal en el tema para identificar tales casos, y la relevancia de haber concedido al Instituto Federal de la Defensoría Pública la representación legal extraordinaria de estos casos que permitan de manera pronta anular sentencias o sobreseer procesos que a todas luces son regresivas conforme a lo mandatado por la Constitución Federal y a los más altos estándares internacionales en la materia.
"Obligando a que, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, conforme a los principios pro persona, libertad y de igualdad y no discriminación, contribuyan de manera pronta a que dichas mujeres obtengan su libertad, no hacerlo, se traduce en una retención ilegal de su libertad que conlleva a la transversalidad de múltiples derechos humanos vulnerados, lo cual genera una grave responsabilidad para el Estado Mexicano y sus instituciones".