El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la llamada Ley Ingrid, que castiga a servidores públicos que fotografíen, copien, filmen, audiograben, videograben, reproduzcan, difundan, entreguen, revelen, remitan, compartan, distribuyan, publiquen, transmitan, expongan, oferten, intercambien o comercialicen, imagen, audio, video, evidencia u objeto alguno relacionado con una investigación penal.
El dictamen que reforma el artículo 225 del Código Penal Federal, se avaló por unanimidad de 470 votos a favor, y fue turnado al Senado de la República. Plantea que sanciones de 100 a 150 días de multa y de cuatro a 10 años de prisión para quien cometa los flagelos antes mencionados, mismas que aumentarán en una tercera parte, si la información que se difunda se refiere a mujeres, adolescentes o personas con discapacidad.