El Parlamento de Guatemala aprobó, la noche del martes, la ley de Protección a la Vida y la Familia que contiene cambios en el Código Penal, entre ellos, el aumento de tres a 10 años de prisión a las mujeres que aborten. Con 101 votos a favor de oficialistas y aliados, ocho en contra y 51 ausencias se aprobó el cambio a norma. Amplía las penas a médicos y quienes faciliten la interrupción del embarazo: aumenta hasta a 50 años de cárcel si se practica un aborto sin consentimiento y en consecuencia la madre muere, delito que antes tenía una condena a 12 años de prisión.