Durante 2020, estados, municipios y alcaldías de la Ciudad de México y del resto del país, provocaron posibles daños a erario por 30 mil 522 millones 146 mil 500 pesos, por el manejo ineficiente de los recursos que les otorgó el Gobierno Federal.
Así lo revelan 647 informes de fiscalización que realizó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y que fueron revisados por EL UNIVERSAL. En dichos informes se abordan probables irregularidades en el manejo de fondos en donde se ubicaron pagos a trabajadores muertos en la nómina educativa, procesos de licitación o adjudicación de medicamentos que no se efectuaron conforme a la normativa, obras de infraestructura pagada no ejecutada o de mala calidad, y compra de equipo de seguridad a sobreprecio, entre otras.
Entre los principales hallazgos, destaca la fiscalización al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) del que se observaron 617.3 millones, de los cuales 48.6 son montos por aclarar y 568.7 recuperaciones operadas por la intervención de la ASF.
Del monto por aclarar, se detectó falta de documentación comprobatoria del gasto por 26.4 millones, pagos a trabajadores identificados como decesos por 7.3 millones, así como pago a trabajadores durante el periodo de licencia sin goce de sueldo, y pago a trabajadores que tuvieron un cargo de elección popular, siendo Zacatecas, Yucatán, y Aguascalientes, los más observados.
En el programa Escuelas de Tiempo Completo (ETC) se detectaron 31 millones de pesos por aclarar, principalmente por pago excedente en sueldos, estímulos no autorizados, y pago a trabajadores no identificados en los centros de trabajo.
El estado que presentó el mayor monto por aclarar fue Morelos con 16.8 millones de pesos que representaron 54% del total nacional en ese rubro.
En 109 auditorías al sector educativo en los estados, la ASF detectó las entidades incurrieron en posibles daños al erario por 2 mil 677 millones 685 mil 200 pesos.
En el sector salud destaca el informe de fiscalización al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), de cual se determinó un monto observado por 6 mil 92.7 millones de pesos, de los cuales 3 mil 21.1 millones están pendientes de aclarar.
Las entidades con mayores montos por aclarar fueron los estados de Oaxaca, Coahuila de Zaragoza y Guerrero con mil 964.9 mdp, 414.3 mdp y 263.8 mdp, respectivamente.
Las principales irregularidades que se detectaron en el uso de esos recursos fueron procesos de licitación o adjudicación de medicamentos o material de curación fuera de la normativa, reintegro de recursos con extemporaneidad a la TESOFE, ausencia de mecanismos para control, guarda, custodia y entrega de medicamentos, así como la contratación de servidores públicos que no acreditaron el perfil académico del puesto solicitado.
En el sector salud también se fiscalizó el Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, del cual se detectaron 120.7 millones de pesos pendientes de aclarar.
Las entidades con el mayor monto fueron Oaxaca, IMSS-Bienestar y Puebla con 76.9 mdp, 31.9 mdp y 7.2 respectivamente, para dar un total de 116.0 mdp, dichas entidades en conjunto representan el 96.1% del monto total por aclarar.
En ese fondo se descubrió el pago de plazas no autorizadas, recursos o rendimientos financieros no devengados, e incluso hubo quienes se avalaron gratificaciones de fin de año no autorizadas.
En materia de infraestructura, las entidades federativas pagaron con recursos del fondo obras terminadas que no se encuentran en operación, realizaron pagos de obras que no cumplen con las especificaciones técnicas contratadas, e incluso se comprobó obra pagada no ejecutada o de mala calidad.
En las 101 auditorías al sector salud en los estados, se determinaron posibles daños al erario por 9 mil 978 millones 163 mil 300 pesos.
Al fiscalizar el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, la ASF determinó 464.2 millones de pesos por aclarar, siendo San Luis Potosí (162 mdp), Veracruz (120 mdp), y Chiapas (46 mdp), los más observados.
En materia de seguridad, el órgano fiscalizador reveló que en el uso del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función (FORTASEG), los estados y municipios incurrieron en pago de bienes con precios superiores a los contratados, pago de volúmenes en exceso en las obras y adquisiciones, así como pago de conceptos que no se encuentran autorizados.
El monto por aclarar en ese rubro, es de 174.1 millones de pesos, de los cuales destacan el Estado de Tamaulipas y los municipios de Acapulco, Guerrero y Guadalajara, Jalisco con montos por aclarar de 107.1 mdp, 15.0 mdp y 13.0 mdp, respectivamente. Por el contrario, los entes con menor monto por aclarar fueron los municipios de Villaflores, Chiapas y Mérida, Yucatán.
En total, por las 647 auditorías y los más de 30 mil millones observados, la ASF emitió mil 207 sanciones, de las cuales 162 son recomendaciones, 37 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal (PEFCF), 76 Solicitudes de Aclaración (SA), 488 Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias (PRAS), así como 444 Pliegos de Observaciones (PO).