El primer ministro opinó, por otra parte, que "si se pretende vacar al presidente, nadie está seguro de que la congresista Alva asuma el Gobierno".
Lima,- El Gobierno de Perú denunció este lunes que un sector de la oposición política en el Congreso ha puesto en marcha un plan para destituir al presidente Pedro Castillo que, según afirmó, se comenzará a ejecutar el próximo miércoles.
"Peruanas y peruanos, y a la comunidad internacional, están advertidos de este plan que ha quedado al descubierto. Estas acciones son producto de un sector minoritario del Congreso", afirmó el primer ministro, Aníbal Torres, en un pronunciamiento ante la prensa.
Tras señalar que ha recibido la información de que el 16 de febrero "será el día del ataque", Torres agregó que el gabinete de ministros que preside desde el pasado 8 de febrero se mantiene unido junto al presidente izquierdista "por la democracia".
"Nada impedirá que sigamos trabajando para enfrentar los grandes problemas nacionales. Nos tenemos que unir para sacar a nuestro país del subdesarrollo", enfatizó antes de invocar al diálogo a las bancadas en el Congreso, que domina la oposición y en los próximos días debe determinar si otorga un voto de confianza a su gestión.
Torres ofreció el pronunciamiento luego de que una revista local publicara el pasado viernes que un grupo de legisladores de derecha y extrema derecha se reunieron con la presidenta del Congreso, la opositora María del Carmen Alva, para conversar sobre la eventual destitución de Castillo.
Un sector de la oposición política y de medios locales ha pedido en los últimos días la renuncia de Castillo e incluso se han anunciado propuestas legislativas de una moción de vacancia (destitución) y una acusación constitucional para intentar destituir al mandatario, quien asumió el cargo el 28 de julio pasado.
Alva ha declarado que en caso de que Castillo deje el poder, asumiría la sucesión constitucional y convocaría a elecciones presidenciales, pero no legislativas, por considerar que el actual Parlamento debe cumplir su período de gestión hasta 2026.
En ese sentido, el portavoz de la bancada del partido oficialista Perú Libre, Waldemar Cerrón, anunció este lunes que presentarán una moción de censura contra Alva y la presidenta de la Comisión de Constitución, la fujimorista Patricia Juárez, "por conspiración y fomentar sistemáticamente la vacancia" del gobernante izquierdista.
El primer ministro opinó, por otra parte, que "si se pretende vacar al presidente, nadie está seguro de que la congresista Alva asuma el Gobierno".
Indicó, en ese sentido, que "el Perú está esperando" que sus políticos dejen "de pelear" y enfrenten "las tareas importantísimas que se tienen que realizar", como proseguir con la vacunación contra la epidemia de la covid-19.
En otro momento de la presentación ante los periodistas, el canciller Cesar Landa remarcó que el régimen de Castillo "es un Gobierno legítimamente reconocido por todos los países".
"Incluso en la etapa de conflictividad electoral hubieron misiones de la Unión Europa y observadores electorales que dieron el rápido reconocimiento y legitimidad de toda la comunidad y de países importantes como Estados Unidos (sic)", sostuvo en referencia a la polémica que se suscitó luego de que Castillo derrotara en junio pasado a la derechista Keiko Fujimori, quien denunció un fraude sin presentar pruebas contundentes.
El Gobierno afrontó durante la semana pasada una grave crisis interna, que Castillo intentó aliviar con la designación de Torres luego de que el congresista Héctor Valer debiera renunciar como primer ministro cuatro días después de asumir el cargo, presionado por la numerosas denuncias de violencia familiar en su contra.
Aunque Castillo asegura que su compromiso sigue "firme" y "con más fuerza que nunca hasta el 28 de julio de 2026", cuando debe terminar su mandato, es duramente criticado por acumular ya cuatro gabinetes de ministros en poco más de seis meses de gestión.
Un sondeo de opinión de la empresa Ipsos Perú, que fue difundido este lunes por medios locales, aseguró que solo el 25 % de los peruanos aprueba su gestión y el 69 % la desaprueba.