Condena por violaciones en Guatemala es una victoria inicial

La condena de 30 años a cada responsable por los delitos de deberes contra la humanidad es también el comienzo de más investigaciones.

Ciudad de Guatemala.- La sentencia del pasado 24 de enero en contra de 5 paramilitares por violar sistemáticamente a 36 mujeres mayas achí, durante el conflicto armado interno (1960-1996) en Guatemala, es "un aliento para seguir con más fuerza" en busca de justicia, según dos de las jóvenes abogadas indígenas que llevaron el histórico caso en el país centroamericano.

Así lo afirma Haydeé Valey, abogada de la organización holandesa Impunity Watch, que junto a su colega, Lucía Xiloj, de la Asociación Bufete Jurídico Popular, fueron querellantes con el Ministerio Público (MP-Fiscalía) en el juicio contra los cinco paramilitares sentenciados.

Valey enfatizó, en una entrevista, que para las mujeres sobrevivientes de las agresiones sexuales "hay una gran carga emocional que se reaviva porque recientemente algunas dieron su declaración testimonial ante el tribunal".

Incluso una de ellas, Pedrina López de Paz, "logró reconocer de forma directa a dos de sus agresores" y "recordar, como dicen, es volver a vivir y eso es bastante doloroso", añadió Valey.

El juicio en contra de los paramilitares inició el 5 de enero y concluyó el pasado 24 del mismo mes con una condena de 30 años de prisión para los 5 acusados, sindicados de violar a 36 mujeres indígenas achí entre 1981 y 1985, durante el período más sangriento del conflicto armado interno.

El júbilo por la justicia tardó casi 40 años en llegar para la parte acusadora en contra de los sindicados, quienes al momento de cometer las violaciones eran integrantes de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), una fuerza controlada por el Ejército en el conflicto armado interno.

Las violaciones de las 36 mujeres indígenas achí tuvieron lugar en el cuartel militar de Rabinal, en el departamento de Alta Verapaz, 100 kilómetros al norte de la Ciudad de Guatemala, desde 1981 hasta 1985.

Para Valey y Xiloj, la condena de 30 años a cada responsable por los delitos de deberes contra la humanidad es también el comienzo de más investigaciones, además de una victoria de sentimientos encontrados, con la alegría por alcanzar una justicia esquiva y el trauma de los mismos testimonios.

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