Brasil es uno de los países más azotados por la pandemia de la COVID-19 en el mundo.
Río de Janeiro.- La Procuraduría General de Brasil dio un plazo de 10 días al Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos para explicar un parecer en el que considera la vacunación infantil obligatoria contra la COVID-19 como una violación a los derechos humanos, informó este martes la entidad.
En una nota técnica, la cartera, además de considerar que la inmunización de menores de edad viola los derechos fundamentales puso a disposición un línea telefónica activa 24 horas diarias (Disque 100) para recibir quejas de los "antivacunas" que se sienten discriminados por la medida.
La nota técnica señala que "las medidas imperativas de vacunación como condición para el acceso a los derechos humanos y fundamentales pueden violar disposiciones constitucionales y lineamientos internacionales".
El parecer del ministerio también critica la exigencia del pasaporte de vacunación para un sinnúmero de actividades en el país, entre las cuales la posibilidad de acceder a un trabajo o el simple ingreso a lugares públicos cerrados.
La explicación fue solicitada por el procurador federal de Derechos del Ciudadano, Carlos Alberto Vilhena, en respuesta a una solicitud del senador y médico Humberto Costa, del opositor Partido de los Trabajadores (PT), que pidió investigar la ocurrencia de un posible acto de improbidad administrativa, por la expedición de esa nota.
De acuerdo con el parecer del procurador, es "preocupante" lo expuesto en la nota técnica y quiere saber si esta representa la posición oficial del ministerio, ya que fue elaborado por varios de sus funcionarios, con el aval de Damares Alves, jefe de la cartera."Es digna de preocupación la conducta del Ministerio de la Mujer, la Familia y la Derechos Humanos (MMFDH) que, en un documento oficial, considere que la imposición de la medida sanitaria prevista por la ley constituya una violación a los derechos humanos, y, como si eso no bastara, poner a disposición su más importante canal de denuncias para escuchar 'denuncias' contra los vacunación obligatoria", señaló el juez en su decisión.
El ministerio ha manifestado que no está contra la vacunación contra la COVID-19, pero sí contra la obligatoriedad de la medida, algo que ha reiterado hasta la saciedad el mismo presidente, Jair Bolsonaro, un negacionista de la pandemia que ha enfatizado que ni él ni su hija de 11 años se vacunarán para evitar el contagio del virus.
Con cerca de 630,000 víctimas fatales y más de 25.4 millones de positivos, Brasil es uno de los países más azotados por la pandemia de la COVID-19 en el mundo, junto con Estados Unidos e India.