A un año de la masacre de Camargo, Tamaulipas, del 22 de enero del 2021, donde fueron asesinados y calcinados 19 migrantes guatemaltecos y mantiene en prisión a 12 agentes de la Policía Estatal, el gobierno de Guatemala "confía plenamente en que el caso avance de manera efectiva a fin de poder dar con los responsables de la masacre y que se realice la reparación del daño a los familiares de las víctimas".
En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, manifestó en "la necesidad de promover una migración segura, ordenada y regular, a través de alternativas viables", para sus connacionales que todos los días buscan cruzar el territorio mexicano para llegar a los Estados Unidos.
Explicó que este viernes 21 de enero a las 09:30 horas, dio inicio la audiencia de preparación a juicio, donde se tenía contemplado debatir las pruebas aportadas por la Fiscalía y abogados defensores, pero "uno de los abogados defensores manifestó haber tenido inconvenientes para abrir una seria de cinco discos que contienen las grabaciones del Centro de Comando, Control Comunicaciones y Cómputo (C4) del estado de Tamaulipas, por lo que solicitó el apoyo del Ministerio Público para solucionar dicho inconveniente".
Por esto, el Juez de Control decidió reprogramar la audiencia, "con la finalidad de poder tener acceso a todo el material probatorio aportado por la Fiscalía".
Así, el Juez reprogramó la audiencia de preparación a juicio, para el 3 de febrero del 2022 a las 15:00 horas, "con la finalidad de garantizar el debido proceso, la certeza y seguridad jurídica correspondiente".
En el escrito se dio a conocer 11 días después de la masacre, las autoridades capturaron a 12 personas, presuntos responsables "de los lamentables hechos, quienes fungían como policías del estado de Tamaulipas, pertenecientes al Grupo de Operaciones Especiales (GOPES), acusados del delito de homicidio calificado, abuso de autoridades, desempeño de funciones judiciales o administrativas y falsedad de informes dados a la autoridad".
Fue el 8 de febrero del 2021, que los 12 detenidos fueron vinculados a proceso por la presunta comisión de dichos delitos y fue a partir de ese día, que dio inicio la etapa intermedia del proceso que la Ley en materia del estado de Tamaulipas, establece para la investigación de los hechos, el cual finalizó el 8 de agosto del 2021.
A partir de esta fecha, la Fiscalía contó con 15 días hábiles para presentar la acusación formal, con las pruebas recabadas desde el inicio de la investigación, hasta el 8 de agosto del 2021, explica el Ministerio.
Agregó que el 12 de agosto se llevó a cabo la audiencia en la que el Juez de Control valoraría las pruebas aportadas por la Fiscalía y las pruebas de descargo aportados por los abogados defensores y programaría fecha para audiencia intermedia donde se tenía previsto debatir las pruebas aportadas.
Pero a solicitud de los abogados defensores y de acuerdo a la legislación de Tamaulipas, se otorgaron dos meses más de investigación, el cual finalizó el 12 de octubre del 2021.
El Juez de Control, programó una nueva audiencia para el 8 de diciembre del 2021, pero "la misma fue reprogramada debido a que los abogados defensores argumentaron que por parte de la Fiscalía no se realizó el descubrimiento probatorio a juicio (es decir no contaban con todos los medios de prueba aportados por la Fiscalía), con la finalidad de brindar certeza y seguridad jurídica del caso (por lo que) se reprogramó la audiencia de preparación a juicio para el 21 de enero del 2022".
"Dicho proceso, además de la acusación formal existente por la presunta comisión de los delitos mencionados, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas ha solicitado sean condenados a cubrir lo relativo a la reparación del daño a las víctimas indirectas (indemnización económica a los familiares de éstas), lo cual dependerá de la sentencia que emita el Juez, en el momento procesal correspondiente", asienta el Ministerio de Relaciones Exteriores.