Los Gobiernos estatales no pueden renunciar a su obligación de prestar el servicio de educación básica, resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo anterior, al declarar infundada una controversia constitucional presentada en 2019 por el entonces Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, quien pretendió devolver al Gobierno federal el control sobre la educación en su entidad.
"Las entidades federativas no pueden ceder las obligaciones administrativas, operativas, presupuestarias y laborales que le corresponden en el ámbito educativo", afirmó, por tres votos contra dos, la Primera Sala de la Corte. "El Estado de Michoacán de Ocampo está constreñido a cumplir con las obligaciones derivadas del marco del sistema normativo concurrente que regula la competencia y atribuciones en materia educativa.