La ONU aplaude a Alemania por la condena a un excoronel del régimen sirio

Bachelet subrayó que este primer juicio internacional contra responsables de crímenes del régimen de Bachar al Asad arroja “una luz renovada y muy necesaria”.

Ginebra.- La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, celebró hoy la condena impuesta por un tribunal alemán a un exmilitar del servicio secreto sirio acusado de crímenes contra la humanidad y calificó la sentencia como un avance hacia “la búsqueda de la verdad y de la justicia”.

La Audiencia Territorial de Coblenza (sur de Alemania) declaró culpable a Anwar Raslan, exjefe de la unidad de investigación de la prisión del departamento de seguridad 251, por crímenes contra la humanidad "en forma de asesinato, tortura, privación grave de libertad, violación y agresión sexual".

Bachelet subrayó que este primer juicio internacional contra responsables de crímenes del régimen de Bachar al Asad arroja “una luz renovada y muy necesaria” sobre la tortura extrema y los tratos crueles y verdaderamente inhumanos -incluida la violencia sexual- a los que fueron sometidos innumerables sirios en detención.

“Se trata de un avance histórico en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación de las graves violaciones de derechos humanos perpetradas en Siria durante más de una década", declaró la alta comisionada en un comunicado.

"Este es un claro ejemplo de cómo los tribunales nacionales pueden y deben subsanar las lagunas en la rendición de cuentas por este tipo de delitos, dondequiera que se hayan cometido, mediante juicios justos e independientes llevados a cabo en consonancia con las leyes y normas internacionales de derechos humanos", agregó.

"Esta condena ha puesto sobre aviso a las autoridades: no importa dónde estés o el rango que tengas, si perpetras torturas u otras violaciones graves de los derechos humanos, tarde o temprano tendrás que rendir cuentas, en tu país o en el extranjero", advirtió Bachelet.

Siria no forma parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), ratificado por 123 países, lo que dificulta a las jurisdicciones nacionales el acceso a información sobre la comisión de crímenes de guerra en el conflicto civil. 

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