El IMSS señaló que las bajas injustificadas impactan negativamente en la continuidad de los derechos laborales, de seguridad social y de vivienda de los trabajadores.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que el Gobierno de México, por segundo año consecutivo, identificó a los patrones que "históricamente", durante diciembre, dan de baja ante este Instituto y ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) a sus empleados para recontratarlos en enero del siguiente año.
A través de un comunicado, el IMSS señaló que las bajas injustificadas impactan negativamente en la continuidad de los derechos laborales, de seguridad social y de vivienda de los trabajadores.
"Entre noviembre y diciembre de 2020, se perdieron 277 mil 820 puestos de trabajo, de los cuales 68.8% corresponden a trabajadores registrados como permanentes", indicó el IMSS.
"Si bien existen contrataciones temporales legítimas, lo cierto es que muchos de los trabajadores dados de baja en diciembre y recontratados en enero están registrados por los patrones en el IMSS como permanentes. Estas bajas son una práctica totalmente irregular. Durante enero de 2021 se recontrataron con la misma empresa 86,575 trabajadores que fueron dados de baja en diciembre de 2020", refirió el IMSS.
Agregó que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el mismo IMSS y el Infonavit enviaron cartas a los patrones que identificaron pudieran haber incurrido en estas prácticas, "con el propósito de que revisen si el manejo de su plantilla laboral se encuentra acorde al marco normativo vigente y eviten realizar acciones que afecten los derechos de sus trabajadores mediante la elusión ilegal de las obligaciones en materia laboral y de seguridad social".
"Es importante enfatizar la relevancia de que los trabajadores y sus familias estén siempre protegidos con todas las prestaciones a las que tienen derecho, y más aún en el contexto de la emergencia sanitaria por el COVID-19 que estamos enfrentando".
"El incumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social tiene consecuencias legales que puede poner en riesgo las finanzas de las empresas e incluso llevar a los patrones a enfrentar responsabilidades administrativas y penales", señaló el Instituto.