La lucha contra el cambio climático y la subida del salario mínimo interprofesional son los puntos estrella del pacto de coalición firmado formalmente este martes en Alemania por socialdemócratas, verdes y liberales, que prevé también otras reformas con las que pretenden adaptar el marco legal a los nuevos tiempos tras 16 años de gobierno conservador:
CAMBIO CLIMÁTICO
Los socios se marcan el objetivo de que el 80 % de la energía tenga fuentes renovables para 2030 (ocho años antes de lo que estaba previsto hasta ahora), fecha en la que también pretenden abandonar el carbón y los motores de combustión. El gas -entendido como energía de transición- se mantendrá hasta 2040. Sin embargo, no está previsto recortar más emisiones y no subirá precio de CO2.
MEDIDAS SOCIALES
El salario mínimo interprofesional subirá de 9,6 a 12 euros la hora y el Ejecutivo se compromete a luchar contra la brecha salarial entre hombres y mujeres, además de introducir nuevas prestaciones para que las familias con niños no vivan por debajo del umbral de la pobreza, como ocurre en ocasiones con las ayudas sociales actuales. Asimismo, se comprometen a no recortar las pensiones ni subir la edad de jubilación.
CONSTRUCCIÓN DE NUEVA VIVIENDA
Para paliar la acuciante falta de vivienda en los grandes centros urbanos, la coalición semáforo -como la denominan los medios alemanes por los colores que identifican a los tres partidos- aspiran a que se construyan 400.000 nuevas viviendas por año, de los cuales 100.000 serán subvencionadas. Además, se comprometen a alargar hasta 2029 el freno a los precios del alquiler.
DERECHOS
El plan pretende combatir con mayor dureza la discriminación por orientación sexual o identidad de género e introducir una "ley de autodeterminación" que elimine la mayor parte de los requisitos existentes hasta ahora para cambiar de género. Además, desaparecerá la prohibición de donar sangre a los hombres homosexuales.
El futuro Gobierno propone lanzar una estrategia integral para combatir la violencia de género, así como desaparecer el controvertido párrafo que prohíbe a médicos anunciar públicamente que realizaron interrupciones del embarazo.
Además contiene otras medidas adoptadas de cara a los jóvenes, que podrán votar a partir de los 16 años y recibir becas independientemente de los ingresos familiares.
DIGITALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN
El pacto de coalición contiene un ambicioso plan de inversión para mejorar el acceso a redes móviles y digitales y modernizar la administración, anclada en la burocracia y dependiente en gran medida del papel.
FINANZAS EQUILIBRADAS
El tripartito se compromete a respetar el freno de la deuda -temporalmente relajado a causa de la pandemia- a partir de 2023. En medios alemanes se afirma que el Ejecutivo recurrirá a varios "trucos" para financiar su ambicioso plan de inversiones sin incurrir en déficit de manera formal, como acumular reservas de créditos contraídos este año.
Durante la campaña electoral socialdemócratas y verdes habían reclamado subidas de impuestos para aquellos con mejores ingresos, pero la opción parece descartada por el momento, aunque el acuerdo es ambiguo con respecto a posibles reformas fiscales.
MIGRACIÓN Y ASILO
El acuerdo se propone reducir la migración irregular ampliando las vías legales para acceder a Alemania y favoreciendo la llegada de migrantes laboralmente cualificados. El plan pasa además por acelerar los procedimientos de asilo y, para evitar una "ofensiva de las deportaciones" de quienes sean rechazados, cerrar acuerdos con terceros países. El acuerdo ha recibido por ello críticas desde la izquierda. Los conservadores en cambio vaticinan un "efecto llamada", puesto que promete la reunificación familiar a quienes, en lugar de asilo, reciban protección subsidiaria, además de posibilidades de regularización para quienes no tengan permiso de residencia pero estén bien integrados.
LEGALIZACIÓN DEL CÁNABIS
El pacto plantea la venta legal de cánabis con fines recreativos a adultos y en establecimientos autorizados, una medida que pretende asestar un golpe al tráfico ilegal y que será revisada pasados cuatro años para evaluar su impacto social.