El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) consideró que el acuerdo por el que las obras y proyectos se declaran de interés nacional y de seguridad nacional "excede la ley" y evade normas constitucionales y legales que tienen por función proteger derechos humanos, medio ambiente, transparencia, acceso a la información pública, entre otros.
El lunes por la tarde en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Gobernación, publicó un Acuerdo por el que declaran obras y proyectos de comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos, y otros sectores prioritarios o estratégicos que contribuyan al crecimiento, como de obras de seguridad nacional.
"El Acuerdo no está debidamente fundamentado ni motivado, además de que excede la ley en la definición de seguridad nacional, es violatorio de diversas leyes e invade las facultades del Poder Legislativo. Asimismo, puede usarse para evitar obligaciones de transparencia y rendición de cuentas e incentivar la corrupción", dijo el CCE.
Por lo que afirmó que están en desacuerdo con el Acuerdo además de que tienen una "fuerte preocupación" con respecto a la publicación, porque "sujeta al régimen de seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno".
El punto es que "al equiparar los proyectos federales a este régimen evade diversas normas constitucionales y legales que tienen por función proteger los derechos humanos, el medio ambiente, la transparencia y acceso a la información pública, la libre concurrencia, los procedimientos y licitaciones para garantizar las mejores condiciones de contratación con recursos públicos, la división de poderes y la lucha contra la corrupción".
Ello porque se obliga a las entidades públicas a otorgar la autorización provisional en un plazo de cinco días hábiles sin que tengan que realizarse ningún estudio por lo que se deja a las personas en situación de indefención.
Afirmó que el Acuerdo Presidencial abarca proyectos asociados a infraestructura de varios sectores, pero olvida "que la Constitución reserva el régimen excepcional de seguridad nacional exclusivamente a casos graves que lo justifiquen y, en todo caso, por decisión del Poder Legislativo, que representa la pluralidad democrática en México, por lo que este Acuerdo pone al Ejecutivo por encima de la ley".
La Ley de Seguridad Nacional vigente no considera a las obras de infraestructura como un riesgo para la seguridad nacional, pero sí contempla aspectos de máxima importancia y gravedad, por ejemplo, lo que tiene que ver con "protección de la nación, preservación de la soberanía e independencia en defensa del territorio, el mantenimiento del orden constitucional, el fortalecimiento de las instituciones democráticas, espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria y genocidio".