Quieren que en los presupuestos del Estado para 2022 se incluya la revalorización en función del incremento anual de la inflación.
Centenares de personas se manifestaron este sábado en diversas capitales españolas para pedir que la Constitución recoja expresamente la prohibición de recortar o privatizar las pensiones y criticaron la reforma del sistema que propone el Gobierno.
En ciudades como Madrid, Barcelona, San Sebastián o Valencia, los manifestantes pidieron la dimisión del ministro de Seguridad Social, José Luis Escribá, que en las últimas semanas ha estado lanzando diversas propuestas sobre la futura reforma de las pensiones, como alargar los años para calcular el monto de las jubilaciones lo que, en opinión de los manifestantes, reduciría el dinero final a percibir.
Otra de las propuestas es incentivar el retraso de los retiros y penalizar más las jubilaciones anticipadas.
En Madrid, la portavoz de la plataforma Mesa por las Pensiones, Sara García, recordó a los medios de comunicación que los cambios anunciados en las pensiones amenazan el sistema público, por lo que piden que el Gobierno retire su proyecto de reforma.
Además, quieren que en los presupuestos del Estado para 2022 se incluya la revalorización en función del incremento anual de la inflación.
García afirmó que los medios de comunicación difunden "falsedades interesadas" sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones, y pide que se garantice su pago a través de los presupuestos Generales del Estado y no de endeudar más a la Seguridad Social.
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró este sábado que, "frente a los agoreros", el sistema de pensiones "no va a quebrar" y defendió que toca "proteger esta herramienta" y "cumplir el mandato constitucional, que dice que las pensiones han de ser suficientes".
Destacó además que España no tiene un problema de gasto público en pensiones, sino un problema de ingresos.
La reforma de las pensiones es una de las cuestiones pendientes del Gobierno español, ante la necesidad de aumentar el fondo que garantice las jubilaciones en años venideros, con el agravante de que está próximo el retiro de la llamada generación del "baby boom" de los años sesenta del siglo pasado, millones de personas que suponen una gran aportación al sistema en la actualidad y supondría un gran gasto en pensiones.
Y mientras, los ingresos por cotizaciones de los trabajadores son bajos, debido a los escasos salarios que tienen la mayoría de los jóvenes.
A ello se une que la población española está muy envejecida, por lo que cada vez es más amplia la franja de edad de mayores de 65 años y menor la de jóvenes.
En España hay 9,8 millones de personas que perciben una pensión, la mayoría de ellos jubilados (6,1 millones) pero también hay 2,3 millones de pensiones de viudedad y otras de incapacidad u orfandad.