El Gobierno de Paraguay manifestó su sorpresa y estableció una protesta ante la embajada de Uruguay luego de que en ese país se decidiera mantener la calidad de refugiados a tres ciudadanos paraguayos acusados de cometer un secuestro en 2002.
El viceministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Marcelo Scappini, y el director de Asuntos Legales, José Pereira, aseguraron a la prensa que están sorprendidos porque la resolución en Montevideo no se tomó en la órbita de la Comisión de Refugiados de Uruguay, que depende de Cancillería, sino que se hizo gracias a la intervención de una jueza.
"La solicitud de cancelación que Paraguay había presentado fue por medio de una nota diplomática con la solicitud de que sea tratada en la Comisión de Refugiados. Nos causó sorpresa que se le haya dado a esta solicitud de cancelación un trámite judicial, porque quien tiene atribuciones para disponer la cancelación, cese o nulidad de un refugio es la comisión de refugiados del Uruguay", señaló Pereira.
En este sentido, las autoridades paraguayas consideran que la jueza del caso es "incompetente para tomar intervención" y decidir al respecto y el Estado paraguayo también señala que esto fue resuelto "a sus espaldas", debido a que nunca tuvieron conocimiento.
Los refugiados son Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán, activistas paraguayos de izquierda requeridos por la Justicia de su país por un presunto secuestro.
Luego de que Uruguay les diera refugio, los acusados consiguieron asilo en Finlandia, donde viven actualmente, gracias a las gestiones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
Ahora, Paraguay presentará a través de abogados uruguayos "los recursos que correspondan" en contra de esta resolución que consideran "ilegal y arbitraria".
"Se va a presentar también una nota de protesta al Gobierno uruguayo que se le estaría entregando al embajador de Uruguay y se trasmitirán todas estas observaciones y reclamos", apuntó Pereira.
Asimismo, sostuvo que el refugio no es necesario ya que "no hay razón" para que los acusados puedan temer por su integridad física o cualquier otro derecho fundamental.
Finalmente, el director de Asuntos Legales puntualizó: "Reiteraremos y seguiremos insistiendo tanto con Finlandia o Uruguay y denunciaremos este hecho en todos los foros que Paraguay participe".