El mandato entró en vigor en septiembre y prohibe abortar a partir de las 6 semanas de gestación.
El gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, subrayó el lunes ante el Tribunal Supremo la excepcionalidad de la ley que prácticamente prohíbe el aborto en Texas para justificar su decisión de demandar a ese estado por esta norma, que considera "inconstitucional".
La procuradora general del Ejecutivo, Elizabeth Prelogar, explicó ante la máxima instancia judicial del país que "la situación tiene una urgencia adicional, porque lo que Texas ha hecho ha sido tomar un precedente constitucional establecido por esta corte y ha legislado en un claro desafío a ese precedente". Prelogar se refería al fallo de 1973 del Tribunal Supremo en el caso "Roe contra Wade" por el que el aborto fue reconocido como un derecho constitucional en Estados Unidos.
Prohíbe abortar. La norma de Texas, un estado controlado por los republicanos, entró en vigor en septiembre y prohíbe abortar a partir de las seis semanas de gestación, cuando en muchos casos las mujeres no saben que están embarazadas; y ni siquiera contempla excepciones en casos de incesto o violación. Uno de sus aspectos más polémicos es que deja en manos de particulares, y no de funcionarios estatales, como suele ser habitual, su aplicación, ya que cualquier persona puede presentar demandas civiles contra cualquiera que ayude a una embarazada a abortar si creen que infringen la prohibición. En el caso presentado por el gobierno de Biden el Supremo tiene que dirimir si el Ejecutivo federal tienen derecho a demandar a Texas por su veto al aborto. Prelogar sostuvo que el gobierno puede denunciar, porque "nunca ha habido una ley exactamente como esta, ningún estado ha buscado nunca desafiar la supremacía de una ley federal ni mantener a las cortes fuera de la ecuación al mismo tiempo".
Ningún. "En la historia de Estados Unidos, ningún estado ha cometido nunca lo que Texas ha hecho", dijo Prelogar en otro momento de su intervención. La procuradora general afirmó que Texas ha diseñado la ley en "un intento deliberado de evitar que las cortes federales hagan nada contra una violación constitucional, ningún estado ha elaborado y aplicado un plan como este".
Organizaciones. Prelogar intervino después de una primera sesión ante el Supremo, en la que una coalición de organizaciones y clínicas que ofrecen servicios abortivos presentaron sus argumentos en otro caso sobre la misma ley de Texas. En esa causa, la Corte Suprema, de mayoría conservadora, tiene que decidir sobre el inédito mecanismo de implementación de la ley. Tras la intervención de Prelogar fue el turno del representante de Texas, el procurador general estatal, Judd Stone, quien aseguró que el gobierno de Estados Unidos no puede "curar un problema".