Ecologistas miembros de organizaciones no gubernamentales ambientales propondrán en los próximos días al Congreso una reforma a la Constitución para que sea incorporada la prohibición a la minería metálica en El Salvador establecida en una ley.
Luis González, de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), explicó en una conferencia de prensa que, aunque el país cuenta con una ley que prohíbe la minería metálica, que fue aprobada hace cuatro años, es necesario que la prohibición sea elevada a un rango constitucional.
Señaló que lo anterior permitirá "cerrar la puerta a todo aquello que pueda permitir la minería metálica en el país a pesar del grave impacto ambiental que esto genera".
González, también miembro de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, apuntó que entre las ONG ambientalistas existe una preocupación que "por el tema económico por la crisis generada por la pandemia se vea a la minería metálica como una oportunidad para reactivar el trabajo o la economía a nivel nacional".
"Tenemos temor que nuevas propuestas del ley (que puedan ser presentadas al Congreso) contengan elementos que puedan permitir el desarrollo de la minería metálica en El Salvador", afirmó.
Subrayó que, aunque por ley la minería metálica está prohibida, cree "que se pueden abrir las puertas a ciertas concesiones o exploraciones de minería".
"En ese sentido urge que haya un Estado fuerte que cumpla la ley y consideramos que para que haya un Estado fuerte tienen que haber reformas, entre estas a la Constitución, que permita dar garra y más herramientas para enfrentar las realidades", añadió.
Omar Flores, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), dijo que El Salvador aún enfrenta varios retos en materia de minería metálica como el proceso de remediación ambiental, el cierre técnico de minas y reconversión de la minería artesanal.
Por lo anterior, aseguró, "elevarse al rango constitucional la prohibición de la minería garantiza la no reversión de dicha normativa y permitirá que el Estado vaya cumpliendo un resarcimiento de daños ambientales generados por la minería".
"Esperamos que la prohibición a la minería metálica en rango constitucional sea un consenso de cada uno de los parlamentarios porque es un tema de país", apuntó.
La Ley de Prohibición de la Minería Metálica, aprobada en marzo de 2017 por el Congreso salvadoreño, prohíbe la exploración, extracción, explotación y procesamiento, ya sea a cielo abierto o subterráneo en el país. También prohíbe el uso de químicos tóxicos, como cianuro, mercurio y otros, en cualquier proceso de minería metálica.