El régimen y la Cámara disciplinaria en la que se aplica permite que los magistrados estén sujetos a investigaciones disciplinarias, procedimientos y sanciones.
Polonia tendrá que abonar un millón de euros al día de multa mientras mantenga su Cámara Disciplinaria del Tribunal Supremo de acuerdo a un auto emitido este miércoles por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
En julio pasado, la Justicia comunitaria ya había considerado ese organismo contrario al derecho de la Unión Europea y dictó unas medidas cautelares cuyo cumplimiento consideró hoy “necesario para evitar un daño grave e irreparable” al ordenamiento jurídico de la UE y a sus valores.
El caso llegó a la más alta instancia jurídica comunitaria después de que la Comisión Europea considerara que la ley disciplinaria polaca socava la independencia de los jueces y no da las garantías necesarias para protegerlos del control político.
El régimen y la Cámara disciplinaria en la que se aplica permite que los magistrados estén sujetos a investigaciones disciplinarias, procedimientos y sanciones en función del contenido de sus decisiones judiciales, incluido el ejercicio de su derecho a plantear cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la UE.
Además, ese régimen disciplinario no garantiza la independencia e imparcialidad de la Cámara Disciplinaria del Tribunal Supremo, que está compuesta únicamente por jueces seleccionados por el Consejo Nacional de la Judicatura, que es nombrado por el Parlamento polaco.
La justicia comunitaria había considerado este régimen contrario al derecho de la Unión en julio y Bruselas solicitó la imposición de la multa en septiembre, al considerar que Polonia no había dado ningún paso para desmantelar el sistema controvertido.
CONSECUENCIAS DE LA MULTA
En su auto de hoy, la justicia europea condena a Polonia a pagar un millón de euros diarios a partir de la fecha en la que se notifique esta sentencia al Ejecutivo polaco, y hasta que cumpla lo que le ordenó el tribunal en julio o haya una sentencia definitiva sobre otra denuncia de Bruselas a Varsovia por su reforma judicial.
El vicepresidente del TJUE que ordenó la multa consideró que "no se desprende de los documentos en poder del Tribunal de Justicia que las medidas adoptadas por Polonia sean suficientes para garantizar la ejecución de las medidas provisionales de que se trata" y que las competencias de la Cámara Disciplinaria continúan aplicándose.
"Parece necesario reforzar la eficacia de las medidas cautelares impuestas por el auto de 14 de julio de 2021 previendo la imposición de una multa coercitiva a Polonia con el fin de disuadir a ese Estado miembro de retrasar la adecuación de su conducta a dicho auto", añadió el magistrado.
En el caso de que Polonia -recientemente condenada a pagar otra multa de medio millón diario por no cerrar una mina de lignito- no abonase la multa, la Comisión podría retener otros fondos comunitarios que corresponden a este país para compensar por los ingresos no obtenidos de la sanción financiera.
ÓRDAGO POLACO
Tras años de rifirrafes con Bruselas sobre la situación del Estado de derecho en Polonia, la semana pasada volvió a incrementarse la tensión con la publicación de una sentencia del Tribunal Constitucional de ese país que cuestiona la primacía del Derecho comunitario sobre el nacional.
El veredicto, emitido a instancias del Gobierno del partido ultraconservador polaco, contradice las bases de la Unión y supone un paso más en el deterioro de la independencia judicial en el país, a juicio de la Comisión Europea y la mayoría de los líderes comunitarios.
En la cumbre que mantuvieron el pasado jueves y viernes, de hecho, los jefes de Estado y de Gobierno de la UE apostaron por el diálogo con Polonia para resolver el conflicto generado, aunque no descartaron que se acabe expedientando o sancionando a Varsovia por la sentencia.
Bruselas podría bloquear los fondos comunitarios para el país -de hecho ya ha paralizado la aprobación de su plan de recuperación por 36.000 millones de euros-, abrirle un nuevo expediente de infracción que acabe en los tribunales o impulsar el procedimiento del artículo 7 por el que los socios pueden retirarle el derecho a voto.