Poco más de 2,000 son las que han denunciado formalmente haber sido esterilizadas de manera forzosa.
Lima, - El juez encargado de decidir si se abre un juicio al expresidente de Perú Alberto Fujimori por las esterilizaciones forzadas cometidas durante su mandato (1990-2000) suspendió este lunes, por quinta vez, la audiencia de la lectura de su resolución y estimó que aún necesita de dos sesiones más para revelarla.
El magistrado Rafael Martínez, titular del Juzgado Penal Supraprovincial Transitorio de Crimen Organizado, arrancó con la lectura de la resolución el pasado 14 de septiembre y ya suma más de 19 horas de audiencia, repartidas en cinco sesiones, sin que haya desvelado su fallo sobre el caso.
Esto a pesar de la insistencia de las organizaciones defensoras de las víctimas de no dilatar más el anuncio de esta decisión judicial que definirá si se abre proceso o si se archivan las denuncias contra el exmandatario Fujimori, de 83 años.
"Continúa el sufrimiento de víctimas (...). Perfectamente hubiera terminado hoy", denunció a través de las redes sociales la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas.
Al término de la sesión de este lunes, el juez indicó que la audiencia, que está siendo traducida al quechua debido a que varias de las víctimas hablan esa lengua, se reanudará el próximo martes 2 de noviembre a las 9.00 hora local (14.00 GMT) y estimó que todavía "quedarán unas dos sesiones aproximadamente" para poder darla por concluida.
CERCA DE 300,000 VÍCTIMAS
Además de Fujimori, quien cumple actualmente una condena de 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, también están imputados en este caso sus exministros de Salud Marino Costa Bauer, Eduardo Yong Motta y Alejandro Aguinaga, a quienes se les atribuye la presunta comisión de los delitos de lesiones graves seguidas de muerte y lesiones culposas.
Las esterilizaciones forzadas ocurrieron durante la aplicación del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000, donde se incrementaron ostensiblemente la anticoncepción quirúrgica voluntaria (AQV), como se les denominó a las ligaduras de trompas y vasectomías.
El programa se centró en la población en condición de pobreza para reducir su natalidad y, como consecuencia de ello, evitar el incremento de pobres en el país, según la tesis de la Fiscalía.
Durante ese periodo fueron esterilizadas cerca de 300,000 personas, entre ellas más de 272,000 mujeres y unos 22,000 hombres, según los informes del Ministerio de Salud recogidos por la Defensoría del Pueblo, pero en la actualidad aún se desconoce cuántas de ellas fueron forzadas.
Por ahora hay algo más de 8,000 víctimas inscritas en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (Reviesfo), abierto por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos desde el año 2016.
Sin embargo, dado el tiempo transcurrido desde los hechos, hay víctimas que pueden haber fallecido sin denunciar y otras que pueden seguir vivas pero no se atreven a denunciar por vergüenza, miedo o desconocimiento, ya que la mayoría de las víctimas son mujeres pobres, andinas, rurales y quechuahablantes.
Poco más de 2,000 son las que han denunciado formalmente haber sido esterilizadas de manera forzosa, de las que 1,307 terminaron con lesiones graves, y de ellas cinco fallecieron a causa de las secuelas de la intervención.