Sánchez Cerén se convirtió el pasado 22 de julio en el cuarto exmandatario de la etapa democrática salvadoreña.
San Salvador,- Una corte de Paz instaló este martes la audiencia inicial en contra de 10 exfuncionarios salvadoreños, entre estos el expresidente Salvador Sánchez Cerén - ausente en el proceso-, por cargos de corrupción por supuestamente recibir pagos irregulares en la administración de Mauricio Funes (2009-2014).
Una de las fiscales del caso -cuyo nombre fue reservado- dijo a periodistas antes del comienzo de la audiencia que la Fiscalía cuenta con "suficiente pruebas probatorias" y que solicitará la detención provisional para los imputados presentes.
A los tribunales llegaron el extitular de Hacienda Carlos Cáceres, la exministra de Salud Violeta Menjívar, los exviceministros Hugo Flores y Erlinda Handal, y el exdiputado del FMLN Calixto Mejía (2014-2017), todos capturados el jueves 22.
José Emilio González, abogado defensor de Menjívar, señaló a la prensa que la defensa pedirá medidas sustitutivas a la detención para los exministros de Salud y Hacienda, y para la exviceministra Handal por "complicaciones de salud".
Indicó que el Ministerio Público ha solicitado la reserva parcial del caso debido a que "hay dos testigos criteriados que testificaron en el caso de Funes".
Los ausentes en la audiencia son el expresidente Sánchez Cerén, quien mandó a un abogado para su representación, y otras cuatro personas que se encuentran fuera del país, y para quienes la Fiscalía ha solicitado que se gire órdenes de captura internacional.
Se trata de José López Juárez, expresidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria (CEPA) y el exsecretario privado de la Presidencia Manuel Melgar, además de los exministros de Obras Públicas y Medio Ambiente, Gerson Martínez y Lina Pohl, respectivamente.
Este caso se desprende de la investigación contra Funes por la supuesta malversación de 351 millones de dólares del presupuesto estatal.
Funes vive en Nicaragua desde 2016 y recibió en 2019 la nacionalidad de ese país centroamericano, cuya Constitución prohíbe la extradición de sus ciudadanos.
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, Sánchez Cerén habría recibido 530.000 dólares como sobresueldo cuando se desempeñaba como vicepresidente de Funes. Mientras los otros exfuncionarios habrían recibido cantidades que oscilan entre los 100.000 dólares y los 500.000 dólares.
Se desconoce actualmente el paradero de Sánchez Cerén, también excomandante guerrillero del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y quien habría salido del país a finales de 2020.
Sánchez Cerén se convirtió el pasado 22 de julio en el cuarto exmandatario de la etapa democrática salvadoreña en ser requerido por la Fiscalía por cargos de corrupción.