"Ojalá que la institucionalidad funcione", dijo Saúl Baños.
San Salvador,- El director de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), Saúl Baños, dijo este jueves en declaraciones a Efe que si no se sancionan a los funcionarios salvadoreños que aparecen en una lista que los señala por corrupción, "se estaría profundizando la impunidad" en el país.
El Departamento de Estado de EU publicó una lista de 55 funcionarios y exfuncionarios centroamericanos a los que señala por corrupción.
Entre estos se encuentran cuatro funcionarios del Ejecutivo de Bukele, dos de ellos del círculo más cercano al mandatario.
Se trata de Conan Castro, actual secretario jurídico del presidente, y Carolina Recinos, jefa del Gabinete de Gobierno. Además del ministro de Trabajo, Rolando Castro, y del jefe de las prisiones, Osiris Luna Meza."Si tras la publicación de la lista no se hace nada, no hay ningún proceso, no hay ninguna sanción, se estaría profundizando la impunidad y ante esa poca efectividad de sanciones va a ser como una especie de invitación o se va a entender que las personas sigan actuando corruptamente", señaló Baños.
Para el abogado ahora las preguntas son: ¿qué hará el fiscal general (Rodolfo Delgado)? y ¿qué va hacer el presidente (Nayib Bukele) con sus funcionarios y exfuncionarios del gabinete señalados?
La denominada "Lista Engel" señala que Conan Castro "socavó los procesos o las instituciones democráticas al colaborar en la destitución inapropiada de cinco magistrados de la Corte Suprema y del fiscal general" el 1 de mayo pasado.
Esta acción fue duramente cuestionada por la comunidad internacional, principalmente por Estados Unidos, por considerarse un golpe a la separación de poderes.
Recinos es señalada por "hacer uso indebido de fondos públicos en beneficio personal" y participar "en un importante esquema de lavado de dinero".
Al ministro de Trabajo se le acusa de obstruir "las investigaciones sobre corrupción" y socavar las "instituciones democráticas con el fin de perjudicar a sus oponentes políticos", mientras que a Luna de incurrir en "importantes actos de corrupción relacionados con contratos gubernamentales y sobornos".
A ellos se suman el exministro de Agricultura Pablo Anliker y al exministro de Seguridad Rogelio Rivas por "malversar fondos públicos para su beneficio personal" durante su gestión en la actual administración.
La lista la completan el diputado opositor Carlos Reyes, el magistrado electoral Luis Wellman, los empresarios Adolfo Salume y Enrique Rais.
Además se menciona al expresidente de la Asamblea Legislativa Sigfrido Reyes, al exalcalde Ezequiel Milla Guerra, al exguerrillero José Luis Merino y al excandidato a diputado por el oficialismo Walter Araujo.
Por el momento, el Gobierno de El Salvador no ha reaccionado al respecto.