CIUDAD DE MÉXICO- Las cuevas inundadas ayer viernes dentro de un tajo carbonero al norte de Coahuila fueron exhibidas por Proceso desde noviembre pasado, poco después de que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara la reactivación de compras de carbón a “pequeños productores”.
El reportaje “El negro negocio de las carboeléctricas de la 4T” fue publicado en el número 2229 de la edición impresa de Proceso, cuya circulación inició el pasado 22 de noviembre.
Además, un video sobre las condiciones del lugar, los dueños, los accidentes previos y los contratos carboneros con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fueron publicados en la misma fecha en el canal de YouTube de Proceso.
Las minas de carbón implican una infraestructura aun en su expresión más rudimentaria en las explotaciones conocidas como “pocitos”. Sin embargo, en este caso no reúne ni esas características, pues la excavación se hizo en las paredes de un tajo carbonero en desuso, incrementando la inseguridad de las operaciones que acumulaba hasta entonces la muerte de 9 mineros.
Las empresas que operan dichos yacimientos son de Eduardo Morales, un carbonero de la región que, a través de la razón social Carkim Industrial, obtuvo de la CFE un contrato de 20 mil 500 toneladas, un ingreso de 21 millones 521 mil pesos.
En tanto, a rodamientos y equipos de Sabinas la CFE le otorgó un contrato cuyos montos se desconocen.
El video de Proceso inicia precisamente mostrando las operaciones inundadas en donde este viernes al menos siete trabajadores quedaron atrapados.
La sobreexplotación de pocitos y minas rudimentarias se incrementó a partir de noviembre cuando la CFE, a cargo de Manuel Barttlet, liberó contratos para mantener las carboeléctricas ubicadas en Nava, Coahuila, cuyo relanzamiento encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 24 de octubre.
Ese día dijo que las carboeléctricas debían trabajar a su máxima capacidad, y que el objetivo era mantener las fuentes de empleo. En esa ocasión desató la polémica, pues dijo que las instalaciones de CFE eran subutilizadas por privilegiar intereses privados que impusieron